Al caminar por la calle, viajar en transporte público —sin importar cuál—, conducir un vehículo particular o, más recientemente, una motocicleta, uno se expone a diversas situaciones peligrosas. Esto no se debe exclusivamente a los transeúntes o a la interacción con otros vehículos, sino al deplorable estado de las vías en Bogotá, y posiblemente en muchas otras ciudades. Un hueco profundo, una tapa de alcantarilla desaparecida o un parche mal hecho que quedó como un resalto —taparon un hueco a medias—, son algunas de las problemáticas más comunes.
El estado actual de las vías exige una mayor atención a los múltiples factores de riesgo, siendo los huecos el más frecuente. Si uno logra esquivar alguno, eventualmente caerá en otro que se encuentra oculto —generalmente lleno de agua—. El impacto es inevitable y la reacción inmediata viene acompañada de interjecciones nada amables hacia los administradores del Distrito Capital. Este golpe inesperado puede ocasionar que un rin necesite ser rectificado, una llanta reviente o incluso que un amortiguador deba reemplazarse —o peor aún, los dos—. En casos más graves, estos incidentes pueden causar lesiones permanentes o incluso la pérdida de vidas. Para fortuna de los responsables de las vías, esto significa un usuario menos en las calles. Esta situación ocurre con tanta frecuencia que quienes no la padecen quizás ni siquiera la imaginen.
Después de que la rabia inicial disminuye, el usuario afectado se pregunta: ¿quién es responsable del mal estado de las vías? ¿Quién responde por los daños causados a los bienes debido a estas condiciones? Y más aún, ¿a dónde va a parar el dinero recaudado por los impuestos que se pagan por el uso de los vehículos y el consumo de gasolina?
Las respuestas, con toda probabilidad, se encuentran en los tribunales, donde muchos de los responsables de la construcción de las vías se defienden, justifican la desviación de recursos, el uso de materiales de baja calidad o, sencillamente, los estudios mal realizados.
Pero, ¿dónde están las instituciones que deberían defender a los ciudadanos? La personería, la Defensoría del Pueblo, los representantes elegidos: congresistas, diputados y concejales, a quienes en su momento se les creyó. Y, por supuesto, la conciencia oscura de quienes no cumplen con sus obligaciones.
Una de las grandes frustraciones para el ciudadano es que, si no paga los impuestos dentro de los plazos establecidos, enfrenta sanciones y cargos por mora. No obstante, cuando la administración incumple con el uso adecuado de los recursos recaudados, no existe compensación alguna.
¿Qué tiene que suceder para que los administradores de la ciudad no solo reconozcan el problema, sino que actúen al respecto? Tal vez, que alguien cercano a procuradores, ministros o cualquier figura pública relevante caiga en un hueco. Entonces, las indemnizaciones no se harán esperar. Se desplegará un operativo para encontrar al responsable del robo de la tapa de alcantarilla —si es que fue la causa del accidente—, con una jugosa recompensa para quien lo denuncie y permita resarcir el daño causado a uno de nuestros "líderes públicos".
Finalmente, lo que sí hacen con rigurosidad los organismos de control es indagar en las bases de datos para detectar a los ciudadanos que no están al día con sus impuestos, calificarlos de evasores, inundarlos de notificaciones de cobros coactivos, amenazarlos con sanciones y obligarlos a presentar derechos de petición. Después de largos procesos, el ciudadano terminará pagando —tal vez la propia administración ha fomentado este tipo de evasión—.
¿Será posible que algún día tengamos una administración que se distinga por sus buenas acciones?
