Educar debería ser todo lo contrario. Un buen profesor no debería decirle al estudiante qué tiene que pensar, sino enseñarle a pensar, a buscar pruebas, a hacer preguntas y a escuchar opiniones diferentes. Paulo Freire criticó lo que llamó "educación bancaria": llenar al estudiante de información para que después la repita, como si fuera un recipiente vacío, en lugar de ayudarlo a construir su propio criterio.
Esto no significa que en los colegios no se deban enseñar valores. Claro que deben enseñarse. El problema aparece cuando una cosa es invitar al estudiante a reflexionar sobre lo que está bien o mal y otra muy distinta decirle qué debe creer, sin derecho a preguntar ni a discrepar.
En Colombia, la imposición de ideas en la educación no es un asunto nuevo. Tiene una historia bastante larga. Después de la Constitución de 1886 y del Concordato de 1887, la Iglesia católica tuvo durante muchos años una enorme influencia en la educación. En buena parte de ese período, la formación religiosa ocupó un lugar central y hubo poco espacio para otras creencias y formas de pensar.
Con el paso de los años el país cambió. Pero el problema de utilizar la educación para imponer ideas no desapareció. Durante el conflicto armado, por ejemplo, las escuelas también terminaron en medio de la guerra.
La Comisión de la Verdad documentó que diferentes grupos armados ocuparon, destruyeron o utilizaron escuelas para ejercer control sobre las comunidades. Incluso hubo grupos que crearon sus propios colegios como una forma de ganar influencia y legitimidad. Uno de los casos documentados fue el Liceo Villanueva, creado por Fidel Castaño.
La Comisión registró 881 afectaciones a comunidades escolares entre 1980 y 2021. Esto muestra que la escuela colombiana no ha sido ajena a las disputas por el poder y por el control de las comunidades.
Y aquí hay algo importante: el adoctrinamiento no es patrimonio de una sola ideología. Puede venir de una religión, de un partido político, de un grupo armado, de una organización sindical o incluso del propio Estado.
Cualquier grupo que tenga suficiente poder puede intentar utilizar la educación para formar seguidores en lugar de ciudadanos.
Por eso la Constitución de 1991 marcó un cambio importante. Colombia pasó a reconocerse como un Estado laico y estableció la libertad de conciencia y de cultos. La Ley General de Educación de 1994 también estableció principios relacionados con el respeto por la pluralidad y la formación democrática.
En otras palabras, el colegio público no debería ser el lugar donde el Estado le diga a un niño qué religión debe tener o qué ideología debe defender.
Pero ¿cómo sabemos si hoy en día se está adoctrinando?
Aquí aparece otra dificultad: no existe una prueba que diga si un estudiante ha sido sometido a una determinada forma de adoctrinamiento.
Las pruebas Saber 11, por ejemplo, miden competencias académicas como lectura crítica, matemáticas y ciencias. Son importantes, pero no fueron diseñadas para saber si un joven es capaz de cuestionar una idea o respetar a quien piensa diferente.
Un estudiante puede obtener excelentes resultados académicos y, al mismo tiempo, ser incapaz de aceptar una opinión distinta de la suya.
Las competencias ciudadanas se acercan un poco más al problema. Allí interesa saber si los jóvenes pueden resolver conflictos sin violencia, participar en la sociedad, respetar las diferencias y convivir con personas que piensan distinto. Sin embargo el resultado en las pruebas Saber 11 muestran resultados deficientes; algo no está funcionando.
Porque saber muchas cosas no necesariamente significa saber pensar.
Y hay otro asunto todavía más delicado: la forma como se enseña la historia.
Si a un estudiante se le cuenta una sola versión de la historia y se eliminan las voces de quienes sufrieron, de quienes fueron perseguidos o de quienes pensaban diferente, también se está construyendo una visión parcial del país.
La memoria histórica tiene precisamente ese reto: mostrar que los acontecimientos no siempre tienen una sola explicación y que detrás de cada conflicto hay diferentes actores, víctimas y responsabilidades.
Una sociedad que enseña una sola versión de su historia corre el riesgo de formar jóvenes que conocen una verdad oficial, pero no necesariamente entienden la complejidad de su propio país.
En medio de esta discusión, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, pero desde una perspectiva diferente.
Desde la campaña, De la Espriella cuestionó la influencia de Fecode en la educación y planteó una frase que generó polémica: "sacar a Fecode de los salones y meter a Dios de donde nunca debió salir".
Ya en el gobierno, el Ministerio de Educación publicó para comentarios un proyecto de decreto que permitiría que particulares y organizaciones religiosas administren colegios oficiales durante períodos de hasta 12 años.
La propuesta busca extender al ámbito nacional un modelo de concesión que ya existe en Bogotá.
La iniciativa ha generado respaldo y críticas. Sus defensores sostienen, entre otras cosas, que la participación de organizaciones religiosas no significa imponer una religión y que la experiencia de los colegios en concesión puede ser aprovechada para mejorar la educación.
Pero aquí aparece una pregunta que vale la pena hacerse: ¿cómo se combate el adoctrinamiento sin terminar haciendo algo parecido a lo que se está criticando?
Colombia es un Estado laico. Dicho en palabras sencillas: el colegio público no tiene religión oficial.
Eso no significa que la religión deba desaparecer de la sociedad. Tampoco significa que los creyentes no puedan participar en la educación.
Significa que el Estado debe respetar por igual al católico, al evangélico, al musulmán, al judío, al que pertenece a otra religión y también al que no cree en ninguna.
En un mismo salón pueden sentarse todos ellos.
Por eso la frase "meter a Dios donde nunca debió salir" merece una discusión seria.
¿De qué Dios estamos hablando?
Porque para millones de colombianos la respuesta puede ser diferente. Y un colegio público no puede asumir que todos los estudiantes tienen la misma fe.
Los defensores de la propuesta pueden responder que la educación religiosa sería voluntaria y que una cosa es que una organización religiosa administre un colegio y otra que imponga su religión.
Ese argumento debe ser tenido en cuenta.
Pero también es razonable preguntar qué controles existirán para garantizar que la libertad de conciencia de los estudiantes sea respetada cuando una organización religiosa tenga la administración de un colegio público.
Ahí está una parte importante de la discusión.
Porque si el problema es que una organización política, sindical o ideológica puede influir demasiado en la educación, la solución no debería consistir simplemente en cambiar al grupo que tiene la influencia.
El adoctrinamiento no deja de ser adoctrinamiento porque cambie de dueño.
Si antes se pretendía que el estudiante pensara de determinada manera porque así lo decía una organización política o ideológica, tampoco sería una solución que ahora tenga que pensar de determinada manera porque así lo establece una autoridad religiosa.
La escuela pública debería ser un espacio donde el estudiante pueda preguntar incluso aquello que incomoda.
Debería poder decirle al profesor: "¿y por qué?".
Y el profesor debería tener argumentos para responderle, no simplemente decirle: "porque así es".
La discusión de fondo no debería ser solamente Fecode sí o Fecode no. Tampoco debería ser Dios sí o Dios no.
La discusión debería ser mucho más sencilla: "¿queremos colegios que enseñen a pensar o colegios que enseñen qué pensar?"
Una educación de calidad debe enseñar matemáticas, ciencias, historia, literatura y muchas otras cosas. Pero también debe enseñar algo que no aparece fácilmente en un boletín de notas: la capacidad de pensar por cuenta propia.
Un estudiante debería aprender a cuestionar al profesor, al político, al sacerdote, al pastor, al sindicalista, al empresario y hasta a sus propios padres cuando encuentre razones para hacerlo.
Eso no significa enseñarle a irrespetar a nadie.
Significa enseñarle que tener autoridad no convierte automáticamente una opinión en verdad.
La verdadera lucha contra el adoctrinamiento no consiste en sacar una ideología para meter otra. Consiste en darle al estudiante las herramientas necesarias para pensar por sí mismo, cuestionar lo que escucha y formarse su propio criterio.
Porque una educación que enseña qué pensar puede terminar haciendo aquello que supuestamente pretende combatir: "lavarle el cerebro al estudiante".
Más preguntas. Más argumentos. Más ciencia. Más debate.
Y, sobre todo, más libertad para pensar diferente.
