Educación pública: ¿se está abriendo la puerta a una nueva forma de privatización?

La educación pública entró en discusión a raíz del Proyecto de Decreto PN-2026-32629, conel que el Ministerio de Educación propone modificar parcialmente el Decreto 1075 de 2015 en lo relacionado con la prestación y administración del servicio educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.El proyecto fue sometido a consulta pública durante agosto de 2026. 

No es todavía un decreto vigente y, por tanto, no significa que los colegios oficiales estén siendo entregados a operadores privados. Precisamente por eso vale la pena revisar qué propone, qué puede cambiar y cuáles son las preguntas que debería responder el Gobierno antes de convertirlo en una norma.

Lo que propone el proyecto

El proyecto plantea varias modificaciones a las reglas que permiten a las entidades territoriales contratar la prestación del servicio educativo y, además, contempla la posibilidad de contratar con terceros determinadas actividades relacionadas con la administración y operación de establecimientos educativos oficiales.

Entre los posibles operadores aparecen entidades sin ánimo de lucro, entidades estatales, establecimientos educativos privados y, bajo determinadas condiciones, iglesias y confesiones religiosas.

El punto que más llama la atención es la duración de los contratos: el proyecto contempla períodos que pueden llegar hasta los 12 años.Esto significa que un colegio podría seguir siendo oficialmente público —su infraestructura, matrícula y financiación continuarían dentro del sistema público— mientras algunas funciones de administración, operación o apoyo quedan en manos de un tercero.Es importante hacer esta distinción porque evita dos extremos: decir que el proyecto no cambia nada o afirmar que ya estamos frente a una privatización de la educación pública.No es ninguna de las dos cosas.

Esto significa privatizar la educación pública

Desde el punto de vista jurídico, no necesariamente. El Gobierno ha sostenido que el proyecto no transfiere la propiedad de los colegios ni elimina su carácter oficial. Además, la legislación colombiana ya contempla desde hace años la posibilidad de que particulares y determinadas organizaciones participen en la prestación del servicio educativo.

La Constitución también reconoce la participación de particulares en la educación y establece que el Estado conserva la regulación, inspección y vigilancia del servicio. En los establecimientos estatales, además, nadie puede ser obligado a recibir educación religiosa. 

Por eso, decir simplemente "van a privatizar los colegios públicos" sería una conclusión que el proyecto, por sí solo, no permite sostener. Pero tampoco sería correcto concluir que no hay ningún cambio importante.La discusión está precisamente en hasta dónde puede llegar un tercero en la administración de una institución que sigue siendo oficial y bajo qué condiciones puede hacerlo.

Dónde está entonces la preocupación

A mi juicio, el punto más importante.La legislación vigente establece que, cuando una entidad territorial recurre a particulares para prestar el servicio educativo, debe demostrarse que existe insuficiencia en la capacidad de las instituciones educativas oficiales. El proyecto modifica las reglas relacionadas con la prestación y la administración del servicio y abre un espacio mayor para que terceros participen en la operación de establecimientos oficiales. 

Por eso, la pregunta no es solamente si el colegio seguirá siendo público.La pregunta es si la participación de terceros seguirá siendo una solución excepcional ante una insuficiencia real del Estado o si, con el tiempo, puede convertirse en una modalidad habitual de administración.

Y aquí aparece una diferencia que puede parecer pequeña, pero no lo es. 

Una cosa es decir:

"Donde el Estado no tiene capacidad suficiente, acudimos temporalmente a un tercero para garantizar que los estudiantes tengan educación."

Y otra muy distinta:

"El Estado puede prestar directamente el servicio, pero resulta más conveniente contratar a un tercero para que lo haga."En el primer caso estamos hablando de una solución a una situación concreta.En el segundo, estamos hablando de una forma diferente de organizar la educación pública.

Qué preocupa a los docentes

Es importante separar estas dos cosas. FECODE y otros sectores del magisterio han expresado preocupación por el riesgo de una ampliación de la participación privada, por el manejo de recursos públicos y, especialmente, por las condiciones laborales de quienes sean contratados directamente por los operadores. El proyecto contempla que el personal contratado por estos operadores tenga vínculo con ellos y no ingrese por esa vía a la planta oficial.

Esa es la posición de los gremios y debe ser escuchada. Pero surgen otras preguntas. Si un tercero administra durante varios años un colegio oficial y contrata parte del personal bajo el régimen laboral privado, ¿qué pasa con la relación que tradicionalmente ha existido entre el Estado y los trabajadores de la educación? 

Porque podría ocurrir algo parecido a lo que ha sucedido en otros sectores: que el Estado deje de ser directamente el empleador y pase a relacionarse con los trabajadores a través de un operador.

En ese escenario, si el servicio funciona mal, la solución podría terminar siendo cambiar de operador en lugar de fortalecer la capacidad del propio Estado. No digo que esa sea la intención del Gobierno actual. Digo que es una posibilidad que debe analizarse antes de convertir esta modalidad en una práctica extendida.

También ha generado discusión la posibilidad de que iglesias y confesiones religiosas participen en la administración u operación de instituciones educativas oficiales. Quienes cuestionan este aspecto consideran necesario establecer con claridad cuáles serían los límites de esa participación, especialmente cuando se trata de instituciones financiadas con recursos públicos.

En este punto también conviene distinguir entre lo que establece la legislación y las preguntas que puede generar el proyecto. La participación de organizaciones religiosas en determinadas actividades educativas no es una figura nueva en Colombia. Pero una cosa es esa participación y otra que una organización religiosa llegue a administrar durante varios años una institución educativa oficial.

La pregunta, entonces, es qué límites tendría esa participación cuando se trate de administrar una institución educativa oficial financiada con recursos públicos y cómo se garantizaría el respeto por la libertad de conciencia y de cultos (en un pais constituonalmente laico)

Las experiencias de otros países y de Bogotá

Mirar lo ocurrido en otros lugares no significa afirmar que Colombia necesariamente seguirá el mismo camino.Cada sistema educativo tiene su propia historia, sus propias leyes y sus propias condiciones.Pero las experiencias internacionales sirven para identificar problemas que después pueden resultar difíciles de corregir.

Nueva Orleans: el cambio más profundo

El caso de Nueva Orleans es probablemente el más claro.Después del huracán Katrina, prácticamente todo el sistema escolar público de la ciudad fue transformado en escuelas charter. La reforma implicó el despido de todo el personal docente y la terminación del contrato sindical. Con el paso de los años, prácticamente todas las escuelas públicas de la ciudad quedaron bajo ese modelo.Por eso, en este caso sí puede decirse que el cambio de la relación laboral con los docentes fue parte central de la reforma y no simplemente una consecuencia secundaria. Eso no significa que el modelo sea necesariamente bueno o malo. Significa que demuestra algo que conviene tener presente: cambiar quién administra una escuela también puede terminar cambiando quién contrata a los docentes y bajo qué condiciones trabajan.

Chile: cuando cambia el empleador

Chile ofrece una experiencia diferente. A partir de 1980 comenzó el traslado de la administración de establecimientos públicos desde el Ministerio de Educación hacia las municipalidades y otras entidades. Ese cambio también modificó la situación laboral de miles de docentes.Una de las consecuencias que todavía tiene efectos es la llamada "deuda histórica" del magisterio. Según la propia documentación del Congreso chileno y del Ministerio de Educación, durante el proceso de traspaso algunas municipalidades y corporaciones no reconocieron íntegramente una asignación establecida para los docentes, situación que dio origen a una deuda que continúa siendo objeto de reparación.

Reino Unido: autonomía, pero con financiación pública

El caso de Inglaterra también es diferente.Las llamadas academias son escuelas financiadas con recursos públicos pero independientes de las autoridades locales. Los academy trusts tienen mayores facultades de gestión que las escuelas administradas directamente por las autoridades locales.Una diferencia importante está precisamente en las condiciones laborales: las academias tienen mayor libertad para establecer remuneraciones y condiciones de empleo, aunque muchas siguen voluntariamente los parámetros nacionales. La legislación reciente también mantiene mecanismos para establecer estándares mínimos para los docentes de academias.

Aquí no estamos frente a una privatización en el sentido tradicional. Es un sistema público financiado con recursos del Estado, pero con mayor autonomía de gestión.

Y esa experiencia vuelve a plantear la misma pregunta: ¿cuánta autonomía puede tener un operador sin que el Estado pierda capacidad real de dirección y control?

Bogotá: una experiencia que ya tenemos cerca

Y no necesitamos ir tan lejos.

Bogotá tiene desde hace años colegios en concesión, administrados por organizaciones privadas o sin ánimo de lucro con financiación pública.

El modelo también muestra que la relación entre el Estado y los operadores privados no necesariamente tiene que producir malos resultados. Existen experiencias que han sido consideradas exitosas y que muestran que puede haber colaboración entre el sector público y organizaciones privadas. Por ejemplo, la Alianza Educativa administra actualmente 11 colegios en Bogotá dentro de este esquema.

Esto es importante porque evita caer en una discusión de blanco y negro.

El mal funcionamiento no depende de si es privado o público, en ambos hay cosas por mejorar.

Lo que interesa es saber qué condiciones se establecen, cuánto cuesta, quién controla, cómo se evalúan los resultados, qué ocurre con los trabajadores y qué pasa cuando el contrato termina.

Preguntas por contestar antes de  antes de aprobarlo:

¿En qué circunstancias podrá una entidad territorial contratar a un tercero para administrar un colegio oficial y cómo se demostrará que realmente existe una insuficiencia de la capacidad pública?

¿Qué ocurrirá con los docentes y demás trabajadores cuando un tercero asuma la administración de una institución oficial y qué tipo de relación laboral tendrán quienes sean contratados por ese operador?

¿Qué controles tendrá el Estado sobre los recursos, la administración y los resultados educativos mientras la institución esté en manos de un tercero?

¿Qué ocurrirá cuando termine un contrato que puede llegar hasta 12 años y quién garantizará la continuidad del servicio si el operador no cumple con lo establecido?

Alguien dirá, eso se resuelve con otro decreto

Para terminar.

No considero correcto afirmar que el Proyecto PN-2026-32629 signifique, por sí mismo, la privatización de la educación pública colombiana. Sin embargo el riesgo existe.

Tampoco considero conveniente minimizar lo que propone.

El proyecto abre la posibilidad de que terceros tengan una participación importante en la administración y operación de establecimientos educativos oficiales durante períodos que pueden llegar a 12 años. Eso merece una discusión seria, especialmente por sus posibles efectos sobre la gestión pública, los recursos del Estado y las relaciones laborales.

Las experiencias de Nueva Orleans, Chile, Inglaterra y Bogotá no permiten decir que Colombia necesariamente seguirá alguno de esos caminos. Pero sí muestran que la forma en que se administra una escuela termina teniendo efectos sobre quién toma las decisiones, quién contrata a los docentes, cómo se manejan los recursos y qué capacidad conserva el Estado para corregir los problemas.

Por eso, más que discutir si estamos ante una "privatización" o no, prefiero hacer preguntas.

¿Qué límites tendrá la participación privada?

¿Será realmente excepcional?

¿Quién garantizará que la capacidad pública no se debilite mientras aumenta la contratación de terceros?

¿Y qué pasará con los docentes y con las comunidades educativas cuando termine un contrato?

Porque para una familia que tiene recursos puede existir la posibilidad de escoger entre diferentes alternativas educativas. Para una familia de bajos ingresos, en cambio, que exista un colegio privado no significa necesariamente que exista una verdadera posibilidad de elección.

Por eso el debate no debería reducirse a público contra privado.

La pregunta de fondo es mucho más sencilla: ¿cómo garantizamos una educación de calidad para todos los colombianos y cuál debe ser el papel del Estado para conseguirlo, especialmente para quienes no tienen otra alternativa?

El proyecto todavía no es una norma. Y precisamente por eso este es el momento adecuado para discutirlo.

Todavía estamos a tiempo de preguntar qué problema quiere resolver, por qué necesita esta solución, cuáles son sus límites y qué controles tendrá.

Porque una figura creada para resolver situaciones particulares puede ser útil.

El problema comienza cuando una excepción termina convirtiéndose en la forma habitual de prestar un servicio que el Estado debería estar en capacidad de garantizar directamente.

Referencias 

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BioBioChile. (2025, 5 de mayo). Colegio de Profesores advierte con paro indefinido si Gobierno no responde a demanda de "Agenda Corta". https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/05/05/amp/colegio-de-profesores-advierte-con-paro-indefinido-si-gobierno-no-responde-a-demanda-educativa.shtml

Education Research Alliance for New Orleans. (s.f.). Key conclusions. https://educationresearchalliancenola.org/key-conclusions

El Mostrador. (2011, 28 de marzo). Desmunicipalización. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/03/28/desmunicipalizacion/

Fecode. (2014, 20 de septiembre). La ADE marchó rechazando los colegios por concesión (Boletín Encuentro N.º 345). https://fecode.edu.co/images/boletin_encuentro/Boletin%20Encuentro%202014/BOLETIN%20ENCUENTRO%20No.%20345.pdf

Harris, D. N. (2020). Charter school city: What the end of traditional public schooling in New Orleans means for American education. University of Chicago Press.

In These Times. (2015). New Orleans' post-Katrina all-charter school system has proven a failure. https://inthesetimes.com/article/10-years-after-katrina-new-orleans-all-charter-district-has-proven-a-failur

La Voz / La Nación. (s.f.). Educación voucher: Cómo fue la implementación en Chile. https://grupoclarin-la-voz-prod.cdn.arcpublishing.com/ciudadanos/educacion-voucher-como-fue-la-implementacion-en-chile-de-la-idea-de-javier-milei

Las2orillas. (s.f.-a). Con Peñalosa la educación será privatizada. https://www.las2orillas.co/?p=120515

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LSE. (s.f.). Academies executive summary. London School of Economics. https://www.lse.ac.uk/social-policy/Assets/Documents/PDF/Research-reports/Academies-Executive-Summary.pdf

Route Fifty. (2024, junio). After a 7-year experiment, New Orleans is an all-charter district no more. https://www.route-fifty.com/management/2024/06/after-7-year-experiment-new-orleans-all-charter-district-no-more/397060/

Secretaría de Educación de Bogotá. (2019, julio). Boletín No. 005. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2019-07/boletin-005.pdf

The 74. (2024). With the opening of a new school, New Orleans is an all-charter district no more. https://www.the74million.org/article/with-the-opening-of-a-new-school-new-orleans-is-an-all-charter-district-no-more/

The Open University. (s.f.). RIP, LEA: The local education authority vanishes. OpenLearn. https://www.open.edu/openlearn/education/educational-technology-and-practice/educational-practice/rip-lea-the-local-education-authority-vanishes

Vanguardia. (2026, 25 de agosto). Decreto entregaría colegios en concesión a privados y organizaciones religiosas. https://www.vanguardia.com/politica/2026/08/25/decreto-entregaria-colegios-en-concesion-a-privados-y-organizaciones-religiosas/

Yorkshire Evening Post. (s.f.). Ofsted: Council-maintained schools in England outperforming academies, research finds. https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/read-this/ofsted-council-maintained-schools-in-england-outperforming-academies-research-finds-4242306

Cuando las palabras se convierten en muletillas

El lenguaje es una herramienta poderosa. Con él no solo nombramos la realidad: la compartimos, la discutimos, la hacemos común. Sin embargo, hay momentos en que las palabras —en vez de aclarar— confunden o “descrestan”, no siempre por mala intención, sino porque se usan sin reflexión o como simple adorno.

En los últimos años se han puesto de moda expresiones como disruptivo, ecosistema, sinergia, empoderar, CEO o exacerbar. Muchas de ellas provienen de campos del conocimiento donde tienen un significado preciso. En biología o farmacología, por ejemplo, la sinergia describe una interacción concreta, medible, donde el efecto conjunto supera la suma de los efectos individuales. Hoy, en cambio, se utiliza para casi cualquier cosa, aun cuando no sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo.

A esta lista podría sumarse una expresión muy repetida en informes y discursos institucionales: “sistemas robustos”. Se menciona con frecuencia como sinónimo de solidez o garantía, aunque pocas veces se explica qué hace realmente robusto a un sistema: su capacidad de adaptarse, de corregirse, de aprender de sus errores o simplemente de resistir. Cuando la palabra no se acompaña de contenido, termina siendo más tranquilizadora que verdadera.

Hay también palabras que generan incomodidad porque se emplean para señalar o descalificar sin explicación. Decir que alguien “exacerba” un problema, sin explicar cómo ni por qué, suele cerrar el diálogo más que abrirlo. En esos casos, el lenguaje deja de servir para comprender y empieza a funcionar como una forma de poder.

Y hay una palabra que merece una mención especial: contexto. Pocas expresiones se utilizan hoy con tanta frecuencia y, al mismo tiempo, con tanta ligereza. En particular, en el periodismo —y también entre quienes, sin ser periodistas de formación, ejercen funciones de comentaristas o comunicadores, como ocurre con algunos exfutbolistas en los espacios deportivos— se escucha constantemente: “hay que ponerlo en contexto”, “el contexto es importante” o “sin contexto no se puede analizar”. Y, sin embargo, muchas veces lo que sigue no es contexto, sino simplemente otro dato, una opinión o una interpretación.

Algo parecido ocurre con ciertos títulos o expresiones importadas, que se adoptan más por apariencia que por necesidad. No se trata de rechazar palabras nuevas, sino de preguntarnos si realmente aportan claridad o si solo buscan impresionar. Nuestro idioma es amplio, expresivo y rico; muchas veces ya tiene palabras hermosas y suficientes para decir lo que queremos comunicar.

No toda dificultad en el lenguaje, sin embargo, nace de la vanidad. Recuerdo mis años de estudiante, cuando cursé varias asignaturas de filosofía y modos de producción. El profesor hablaba con una elocuencia que impresionaba. En clase debíamos anotar términos, consultarlos luego y volver sobre ellos para empezar a comprender su discurso. Con el tiempo entendí que no buscaba agobiarnos: simplemente hablaba desde una disciplina con un lenguaje propio, que aún no dominábamos. No era arrogancia, era rigor. Estábamos aprendiendo un nuevo idioma del pensamiento.

El problema aparece cuando el lenguaje se usa para marcar distancia, para hacer sentir ignorante al interlocutor o para ocultar la falta de una idea clara. Todos hemos escuchado discursos que suenan bien, pero que al final nos dejan una sensación extraña: qué bien habla… pero ¿qué dijo realmente? No por complejidad, sino por vacío.

Hablar claro no es empobrecer el pensamiento. Por el contrario, la claridad es una forma de respeto. Quien realmente sabe suele encontrar la manera de hacerse entender. Las palabras no deberían usarse para imponerse, sino para compartir.

Tal vez valga la pena preguntarnos, cada vez que hablamos o escribimos, si usamos el lenguaje para comunicarnos o para exhibirnos. Porque las palabras pueden ser puentes que acercan ideas… o espejismos que solo reflejan vanidad.

El Libro de la Verdad… y el espejo retrovisor

Como es habitual, cada vez que inicia un nuevo mandato, lo primero que se hace es criticar al anterior, resaltar sus errores —aunque posteriormente se demuestre que algunos no existían— y hacerle saber a la opinión pública que, bajo la nueva administración, no se cometerá el más mínimo error, se atacará la corrupción identificada y los recursos se manejarán como debe ser. El gobierno de Abelardo De la Espriella no es la excepción: documentó sus “hallazgos”, los convirtió en un libro y los hizo públicos.

Así, el 18 de agosto de 2026, Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el presidente De la Espriella entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría un documento de 135 páginas, titulado como “El Libro de la Verdad” —también llamado internamente “libro blanco”—. Un escrito redactado a solo 11 días de la posesión. Se mencionan entre 80 y 82 hallazgos de presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con administración saliente de Gustavo Petro (2022-2026).

El "Libro de la Verdad" no es una auditoría ni una investigación judicial: el propio texto reconoce que sus validaciones no constituyen pruebas definitivas y que los hallazgos deben trasladarse a las autoridades competentes para su verificación, conveniente aclaración. Su metodología se basó en fuentes abiertas —principalmente el SECOP—, derechos de petición, reportería previa e información entregada por funcionarios salientes, procesada por equipos sectoriales con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Participaron cerca de 1.256 a 1.300 personas en su elaboración, según cifras dadas por el propio gobierno.

¿Qué "verdades" encontraron?

• Una ejecución de apenas 4,3% del presupuesto asignado a la UNGRD (15,3 billones de pesos), en el contexto del mayor escándalo de corrupción de Gustavo Petro.
• Cerca de 900.000 contratos de prestación de servicios ("nómina paralela"), con un pasivo contingente estimado en 5 billones de pesos.
• Un programa de salud de 6,8 billones de pesos sin indicadores verificables de impacto, y 109.000 millones destinados a investigación en salud con 0% de ejecución a junio de 2026.
• Desfinanciación del subsidio Colombia Mayor para el segundo semestre de 2026, afectando a cerca de tres millones de adultos mayores.
• Un déficit presupuestal de 14 billones de pesos en el sector Defensa y una flota aérea militar con más de la mitad de las aeronaves fuera de servicio, en paralelo al crecimiento de grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC.
• Cuestionamientos a la reforma agraria: según cifras oficiales citadas y corroboradas de forma independiente por una investigación de La Silla Vacía, la compra de tierras alcanzó apenas 6,38% de la meta y la formalización de predios llegó al 38% de lo proyectado.

Las reacciones no se hicieron esperar

Del propio gobierno: De la Espriella lo presentó como una "radiografía técnica y jurídica" de lo recibido, y el vicepresidente José Manuel Restrepo insistió en que el ejercicio no pretendía sustituir a la justicia ni anticipar condenas.

De la oposición: el expresidente Gustavo Petro cuestionó el estatus jurídico del texto publicado, señalando que no se trataba de un informe forense entregado con rigor institucional. El senador Iván Cepeda, contendor de segunda vuelta, denunció que el ejercicio buscaba servir de pretexto para una "contrarreforma agraria". Otros voceros de oposición señalaron que contiene afirmaciones sin sustento suficiente y que buena parte de la información ya era conocida públicamente antes de su publicación.

Más allá de la polarización esperada entre la presidencia y oposición, la reacción de lectores en medios de tendencia centrista mostró un escepticismo transversal: varios comentarios calificaron el ejercicio como un acto de comunicación política más que una revelación real, argumentando que gran parte del contenido ya circulaba en prensa e informes previos de organismos de control. Otros lectores, en cambio, valoraron que por primera vez un gobierno entrante documentara así el estado en que recibe las instituciones.

Quizá el análisis más equilibrado identificado en medios colombianos no alineados con ninguno de los dos bandos proviene de una columna de opinión publicada en El Espectador (21 de agosto de 2026, autor: Luis Gonzalo Morales Sánchez). Sus puntos centrales:

• Reconoce el valor democrático de que un gobierno entrante documente públicamente el estado del Estado que recibe, y advierte que ese mismo estándar deberá aplicarse al propio gobierno de De la Espriella dentro de cuatro años.
• Señala con precisión los límites conceptuales de la publicación: un indicio no es una prueba definitiva, una deficiencia administrativa no es automáticamente corrupción, baja ejecución no demuestra apropiación ilícita, y la responsabilidad política no equivale a responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.
• Advierte sobre el riesgo estructural de que un instrumento técnico de empalme se convierta en herramienta de deslegitimación política del gobierno anterior, transformando la rendición de cuentas en un juicio político unilateral si solo se selecciona la información que confirma una narrativa previa.

El título del libro mostrado como eso, una verdad

Independientemente del rigor técnico de los hallazgos, el título "Libro de la Verdad" —sin matices como "presunto" o "preliminar"— constituye una decisión de comunicación política deliberada. Mientras el contenido técnico exige constantemente la advertencia de que se trata de indicios y no de sentencias, el título "transmite al colombiano de a pie la idea de una verdad irrefutable". Este desfase entre el titular y la naturaleza jurídica real las denuncias es, en sí mismo, un fenómeno de comunicación política que merece ser señalado, más allá de si los casos terminan comprobándose o no ante la justicia.

Lo que debería venir

Ninguno de los hallazgos constituye responsabilidad establecida. Los tres caminos posibles —penal, disciplinario y fiscal— demandan procesos con derecho a defensa y contradicción antes de cualquier sanción. En el plano penal, además, existe una particularidad: por disposición constitucional, cuando un expresidente cesa en su cargo conserva el fuero especial (juicio ante la Corte Suprema de Justicia, previa acusación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes) para las conductas relacionadas con las funciones que desempeñó. Esto significa que cualquier eventual imputación penal contra Petro por hechos de su gestión no seguiría la ruta de un fiscal seccional ordinario, sino un trámite político-judicial más largo y, por ley, público en todas sus etapas.

El plazo de 90 días para ejecuciones prioritarias

Aquí está el punto que da título crítico al escrito. Durante la campaña, De la Espriella prometió un plan de seguridad de 90 días, condicionado explícitamente a una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel que incluiría drones, inteligencia artificial militar y aeronaves. Si el criterio usado para calificar de corrupción o desidia al gobierno anterior fue la brecha entre lo prometido/presupuestado y lo efectivamente ejecutado (el caso UNGRD es el ejemplo paradigmático), ese mismo criterio se vuelve, casi automáticamente, aplicable a la propia gestión del gobierno entrante. A diferencia de otras promesas con horizonte de cuatro años, esta vence dentro del primer trimestre y es, por tanto, la primera prueba real de contraste entre el discurso acusador de la transición y los resultados propios.

El terremoto como acelerador diplomático

El 10 de agosto de 2026 un sismo de magnitud 7,4 golpeó la región cafetera y el Pacífico colombiano, dejando más de 250 muertos. La emergencia coincidió con —y aceleró— el giro de política exterior que De la Espriella ya había anunciado antes de asumir:

• Israel: el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó el envío inmediato de una misión de ayuda, integrada por 82 militares de las Fuerzas de Defensa israelíes (rescatistas, ingenieros, especialistas), que llegaron a Cali. Días después, De la Espriella sostuvo una llamada telefónica con Netanyahu calificada de "cálida y enriquecedora", en el marco de la normalización de relaciones diplomáticas rotas desde mayo de 2024. Se anunció además la eliminación recíproca de visas a partir del 1 de septiembre de 2026 y la reactivación del comercio de carbón entre ambos países.
• Estados Unidos: Colombia priorizó explícitamente a Washington entre los países autorizados a enviar equipos oficiales de búsqueda y rescate.

Aclaración necesaria: lo confirmado hasta ahora —ayuda humanitaria, normalización diplomática, eliminación de visados— corresponde al componente político-simbólico de la alianza anunciada. El centro real de la promesa de los 90 días (entrega de drones, inteligencia artificial militar, aeronaves de combate) no ha sido confirmada públicamente como materializada; ese proceso, a diferencia de un gesto diplomático, se acostumbra que haya adquisiciones, entrenamiento y marcos legales que no se resuelven con una llamada telefónica, por bien intencionada que sea.

La suficiencia mostrada ante el evento

El propio gobierno colombiano tuvo que salir a desmentir públicamente que hubiera rechazado ayuda internacional por razones ideológicas. El canciller Omar Bula explicó que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo de equipos oficiales de búsqueda y rescate a Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador, alegando que estos países garantizaban "grupos reconocidos por el sistema internacional". Sin embargo:

• Los Topos Aztecas, brigada mexicana de rescate con trayectoria reconocida internacionalmente (forjada tras los terremotos de 1985 y 2017 en México, y con participación reciente en Venezuela), llegaron a Cali de forma autónoma, no por invitación oficial del gobierno colombiano.
• México sí fue aceptado como donante de ayuda humanitaria (un vuelo con 58,5 toneladas de insumos), pero no fue incluido en la lista de países habilitados para el despliegue oficial de equipos de rescate.

Pese a lo expresado por el canciller Bulla, se presenta la coincidencia entre los cuatro países escogidos (EE.UU., Israel, El Salvador, Ecuador) y el mapa de afinidad ideológica del nuevo gobierno —frente a la exclusión de un país con capacidad técnica comprobada y gobierno de izquierda como México— no constituye prueba de una decisión deliberadamente política, pero sí deja abierta una pregunta legítima sobre si el criterio de "capacidad técnica reconocida" se aplicó de forma pareja a todos los oferentes con trayectoria demostrada, o si coincidió selectivamente con la orientación geopolítica del gobierno.

La vieja tradición de gobernar con espejo retrovisor

Una última crítica, quizás la de más fondo: existe el riesgo de que el "Libro de la Verdad" no se quede como un ejercicio puntual de rendición de cuentas en la transición, sino que se convierta en el eje narrativo permanente del nuevo gobierno. La propia prensa ya usó esa metáfora: un análisis de El Tiempo describió el documento como un ejercicio de "retrovisor" con un fuerte mensaje político, más orientado a mirar hacia atrás que a fijar una hoja de ruta hacia adelante.

Con esto se tendría un riesgo de comunicación política: si cada dificultad de gestión del nuevo administrador (fiscal, de seguridad, social) se explica apelando de nuevo al diagnóstico heredado, el "Libro" deja de ser un punto de partida para convertirse en una coartada permanente que diluye la exigencia de resultados propios. Y un segundo riesgo, el de la rendición de cuentas real: gobernar mirando por el retrovisor desplaza la atención pública de las promesas propias —como el plan de seguridad de 90 días— hacia la comparación indefinida con la administración anterior, dificultando que la ciudadanía y la prensa midan al gobierno actual con el mismo rasero que este aplicó a su antecesor. De hecho "sabían" a qué país se enfrentaban.

Esta crítica está relacionada directamente con la advertencia de El Espectador sobre el peligro de convertir un instrumento técnico de empalme en herramienta de legitimación política permanente: el valor democrático del documento depende de que sea un punto de referencia inicial y no una excusa recurrente.

Finalmente, según el diagnóstico realizado por el equipo del presidente De la Espriella —y tal como lo repiten el mandatario y su partido—, ellos son los grandes defensores de la patria, sin importar lo que diga “el libro de la verdad”. Afirman que Colombia superará con creces todos los hallazgos negativos y cumplirá todas las promesas de campaña. Y, como si fuera poco, el propio presidente asegura que Dios lo eligió para que el terremoto ocurriera con una persona responsable al frente de la Presidencia de la República. Tenemos la bendición divinSi quiere ampliar detalles, aquí un referentes usados:

Constitución Política de Colombia, artículos 174, 175, 234 y 235 (fuero presidencial y Comisión de Acusación)
https://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-viii/capitulo-2

Colombia decide que solo recibirá apoyos de EE.UU., Israel, El Salvador y Ecuador por terremoto y descarta razones ideológicas, Emol (AFP), 12/08/2026
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2026/08/12/1208328/colombia-apoyos-terremoto.html

Colombia e Israel reafirman su reactivación diplomática, Infobae, 23/08/2026
https://www.infobae.com/colombia/2026/08/23/colombia-e-israel-reafirman-su-reactivacion-diplomatica-con-encuentro-del-vicepresidente-restrepo-y-la-embajadora-aisen/

Detalles de los peores casos del 'Libro de la Verdad' que De la Espriella le dedicó a Petro, El Colombiano, 20/08/2026
https://www.elcolombiano.com/colombia/detalles-de-los-peores-casos-del-libro-de-la-verdad-que-de-la-espriella-le-dedico-a-petro-AE40113560

El 'Libro de la verdad': retrovisor con un fuerte mensaje político, El Tiempo, 19/08/2026
https://www.eltiempo.com/podcast/el-cafe-de-hoy/el-libro-de-la-verdad-retrovisor-con-un-fuerte-mensaje-politico-3579284

Eliminan la visa a Israel para colombianos a partir del 1 de septiembre, El Tiempo, 20/08/2026
https://www.eltiempo.com/amp/mundo/asia/eliminan-la-visa-a-israel-para-colombianos-a-partir-del-1-de-septiembre-visitantes-de-ese-pais-tampoco-requeriran-visado-3579585

Espriella agradece a Israel por ayuda a Colombia tras terremoto; crecen críticas por acercamiento, Excélsior (México)
https://www.excelsior.com.mx/internacional/espriella-agradece-israel-por-ayuda-colombia-tras-terremoto-crecen-criticas-por-acercamiento

El Libro de la Verdad: entre rendición de cuentas y juicio político, El Espectador, opinión de Luis Gonzalo Morales Sánchez, 21/08/2026
https://www.elespectador.com/bogota/opinion-el-libro-de-la-verdad-entre-rendicion-de-cuentas-y-juicio-politico/

Izquierda y oposición rechazan el 'Libro de la Verdad' de De la Espriella, Colombia.com, 20/08/2026
https://www.colombia.com/actualidad/politica/izquierda-y-oposicion-rechazan-el-libro-de-la-verdad-de-de-la-espriella-596995

Reacción de Gustavo Petro sobre el 'Libro de la Verdad' de presuntos hechos de corrupción en su gobierno, El Tiempo, 20/08/2026
https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/expresidente-gustavo-petro-se-pronuncia-sobre-el-libro-de-la-verdad-de-presuntos-hechos-de-corrupcion-en-su-gobierno-3579373

Sector por sector, el crítico balance de la era Petro que denuncia el 'libro de la verdad', El Tiempo, 18/08/2026
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/sector-por-sector-el-critico-balance-de-la-era-petro-que-denuncia-el-libro-de-la-verdad-elaborado-por-el-gobierno-de-de-la-espriella-3579169

Voces críticas de Iván Cepeda contra De la Espriella por el 'Libro de la Verdad', El País (Colombia), 19/08/2026
https://www.elpais.com.co/amp/politica/ivan-cepeda-lanza-fuertes-criticas-contra-de-la-espriella-por-libro-de-la-verdad-y-habla-de-la-politica-agraria-1924.html

Colombia election favorite vows US-backed strikes on narco camps, Reuters / Yahoo News
https://www.yahoo.com/news/articles/colombia-election-favorite-vows-us-174508586.html

Después del terremoto: rescatar vidas, reconstruir hogares y recuperar la esperanza

Ya han pasado muchos días desde el terremoto en Colombia, el más destructivo en este siglo. Destrucción, historias increíbles sobre quienes fallecieron en familia, sobre quienes lograron sobrevivir por su fortaleza y por esos azares del destino: quedar en una zona «protegida» luego de la caída de un edificio o de una casa.

Frente a ese dolor, una vez más la solidaridad de los colombianos se ha hecho presente: ayudas en dinero a través de la Cruz Roja Colombiana, acopios en las empresas con lo que recomiendan los organismos de socorro y muchos más ayudando en la remoción de escombros, con la esperanza de que alguien aún esté con vida.

Sin embargo, hay un aspecto imperdonable: en momentos como estos no faltan los avivatos que, lejos de querer ayudar y sabiendo que no se puede poner un vigilante en cada lugar, buscan saquear. Indolencia imperdonable.

A esto se suma la no planeada intervención de un gobierno que tuvo que enfrentar la situación con apenas tres días de posesión. Aun así, las críticas no se han hecho esperar: que no se atienden todos los frentes, que algunos se sienten abandonados, que no hay dinero para atender todas las necesidades.

Y es que, quizá, muchos no han dimensionado el tamaño de los daños causados o, sencillamente, es imposible enviar a tiempo a los rescatistas, la maquinaria necesaria, o construir y adecuar albergues suficientes. Al final, en una situación como esta, todos sentimos la necesidad de que el gobierno atienda a tiempo. Evidentemente, los gobiernos locales no estaban preparados para esto o, sencillamente, la magnitud de la emergencia superó su propia capacidad.

Lo cierto es que tardará mucho tiempo reconstruir las viviendas y, sobre todo, las vidas; recuperar algo de tranquilidad será aún más difícil para quienes perdieron a toda su familia. Por eso esperamos que los recursos conseguidos de la banca internacional se usen bien y no tengamos otra catástrofe, esta vez en las finanzas destinadas a la recuperación. Ahí deberán estar los organismos de control:  Procuraduria, Contraloria y las veedurías en el control social.

En ese sentido, todo será más difícil para ciudades como Pereira, que tiene que enfrentar una nueva reconstrucción en menos de 30 años, cuando apenas se había recuperado del terremoto de 1999, después de haber sufrido también los efectos del sismo de 1995, como si la naturaleza se ensañara con esta región.

De estos eventos deben quedar, al menos, dos lecciones: que entidades como Planeación hagan un seguimiento más severo a los estándares de construcción antisísmica, aunque esto no sea garantía total; y que el Gobierno nacional, con base en la experiencia vivida, fortalezca los organismos que atienden estas emergencias —hasta ahora, la Unidad de Gestión del Riesgo—, de modo que, si le cambian el nombre, al menos se mantengan sus propósito

De la Paz Total al Estado de autoridad: el nuevo rumbo de Colombia

Hoy, 7 de agosto de 2026, no solo conmemoramos el día en que el ejército independentista, comandado por Simón Bolívar, derrotó a las fuerzas realistas españolas en las cercanías del Puente de Boyacá. Aquella victoria abrió el camino hacia la toma de Santafé —hoy Bogotá—, consolidó la independencia de la entonces Nueva Granada y marcó un punto de no retorno en las campañas libertadoras del norte de Suramérica.

Pero el 7 de agosto también simboliza otro momento trascendental para la democracia colombiana. Cada cuatro años concluye un gobierno e inicia otro. En esta ocasión termina la administración de Gustavo Petro y comienza la de Abelardo de la Espriella. Más allá de las simpatías o diferencias políticas, es una fecha que invita no solo a renovar expectativas, sino también a recordar que todo gobierno debe ser evaluado por sus resultados y no por la fuerza de sus discursos.

Hace cuatro años, buena parte de la oposición pronosticó un panorama desolador: una economía en caída libre (Cuatro años en ocho indicadores - Caracol Radio), un dólar por encima de los cinco mil pesos y un camino inevitable hacia el modelo venezolano. Hoy basta revisar algunos indicadores para comprobar que varias de esas predicciones no se cumplieron. Solo por mencionar un ejemplo, el dólar ronda los 3.200 pesos. En su momento, el entonces exvicepresidente Francisco Santos, en una entrevista con Carlos Herrera, de la cadena COPE (España), llegó a afirmar que la fortaleza del peso obedecía a los dólares del narcotráfico que, según él, el gobierno de Petro había puesto en circulación. Resulta llamativo que, tras la elección de De la Espriella, el mismo comportamiento de la moneda sea interpretado ahora como una señal de confianza de los mercados en el presidente electo. Cuando un mismo hecho recibe explicaciones opuestas según la conveniencia política, la credibilidad termina siendo la principal afectada.

La pregunta que ahora debería hacerse es otra: ¿qué espera el país del nuevo gobierno? Su propuesta en materia de seguridad parece más una profundización de las políticas impulsadas durante los gobiernos de Álvaro Uribe —ahora fortalecidas con herramientas como drones e inteligencia artificial— que una estrategia completamente novedosa. En el terreno económico, en cambio, sí plantea un giro más marcado hacia un modelo de corte libertario (La Silla Vacía), incluso más radical que el de cualquiera de sus cuatro predecesores. Lo realmente nuevo parece ser la combinación de referentes internacionales como Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump, el abandono explícito de la política de «Paz Total» y una alianza ideológica que busca diferenciarse claramente del gobierno saliente.

Otra pregunta igualmente pertinente es si gobernará únicamente para el sector del país que lo eligió —alrededor del 25 % del total de la población, si se incluyen quienes, pudiendo votar, decidieron abstenerse— o si asumirá el compromiso de gobernar para todos los colombianos. Esa será una de las primeras pruebas de su talante democrático. Un presidente representa a quienes votaron por él, pero también a quienes respaldaron otras opciones y a quienes decidieron no participar en las elecciones.

La verdadera respuesta sobre para quién gobernará no estará en el discurso de posesión, sino en las decisiones que tome durante los primeros meses de mandato. El propio presidente habló de un plazo de 90 días para comenzar a mostrar resultados. Creo que ese será el primer momento para evaluar si las promesas empiezan a convertirse en realidades.

Las decisiones que adopte en materia de seguridad, salud, economía y energía afectarán, de una u otra forma, a todos los colombianos, incluso a quienes no votaron por él. Por eso estoy convencido que vale la pena dejar registradas, desde hoy, las principales promesas de su gobierno. Dentro de tres meses podremos compararlas con los resultados y cada ciudadano sacará sus propias conclusiones.

Una vez terminan las elecciones, el debate político cambia de tema con demasiada rapidez. Las promesas de campaña van quedando atrás y las discusiones giran alrededor de los acontecimientos de cada día. Por eso es importante dejar registradas las principales propuestas del nuevo Gobierno y volver sobre ellas cuando se cumplan los primeros noventa días de gestión.

En términos generales, el presidente ha anunciado un endurecimiento de la política de seguridad y el abandono de la Paz Total; la destinación de recursos al sistema de salud; un cambio en el rumbo de la política económica mediante decretos y medidas extraordinarias; y la reactivación de la exploración petrolera y del fracking. Estos son los principales compromisos con los que el nuevo Gobierno ha dicho que comenzará su gestión.

En justicia no se puede afirmar si estas medidas serán acertadas o equivocadas. Para eso habrá tiempo. Lo que sí podemos hacer desde ahora es dejar constancia de esos compromisos para evaluarlos con el mismo rigor con el que fueron presentados a los colombianos.

Al final dejó un enlace con el resumen de las principales propuestas de campaña del presidente De La Espriella y otro con los anuncios para los primeros noventa días de gobierno. Lo invito a conservarlo. El próximo 7 de noviembre podremos volver sobre ese documento y responder una pregunta muy sencilla: ¿cómo va el asunto, qué está en marcha y qué se queda solamente en anuncios?

- Propuestas de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero para la presidencia 2026

- Los primeros 90 días

España arde. Colombia aún está a tiempo: ¿prevenir o aprender entre las cenizas?

Europa vive una de las temporadas de incendios forestales más devastadoras de los últimos años. En España el fuego ha dejado vidas humanas perdidas, miles de hectáreas reducidas a cenizas, ecosistemas destruidos y familias obligadas a abandonar sus hogares. Los cuerpos de bomberos han respondido con verdaderas hazañas, incluso a costa de sus propias vidas. Merecen todo el reconocimiento. Pero celebrar su heroísmo sin preguntar por qué tuvieron que llegar hasta ahí es aplazar la pregunta que realmente importa.

Las causas son varias: olas de calor que han superado los 46 °C, pirómanos, fogatas mal apagadas, colillas y residuos abandonados en el monte, síntoma de una desconexión preocupante con el territorio. Pero más allá de las causas inmediatas hay una pregunta de fondo que casi nadie quiere hacer: ¿se está invirtiendo lo suficiente en prevenir, o solo en apagar?. Combatir un incendio ya desatado siempre será más costoso y peligroso que evitar que se propague. Y sin embargo, año tras año, el presupuesto se concentra en la extinción —aviones, helicópteros, brigadas— y muy poco en lo que ocurre antes de la primera chispa: cortafuegos mantenidos, limpieza periódica de vegetación seca, aprovechamiento de biomasa, control biológico con pastoreo. Ninguna medida elimina el riesgo, pero todas reducen la velocidad con que un incendio se sale de control. También hace falta preguntar por la capacidad real de respuesta: ¿bomberos forestales suficientes? ¿flota aérea capaz de atacar el fuego en sus primeros minutos, cuando de verdad se decide todo? ¿vigilancia y alertas coordinadas entre municipios, departamentos y nación?

Este panorama debería ser una advertencia directa. El fenómeno de El Niño traerá temperaturas más altas y menos lluvia en buena parte del país, justo las condiciones que disparan el riesgo de incendios. La pregunta ya no es hipotética: ¿está Colombia realmente preparada?¿Los programas de prevención existen de verdad o solo en planes de contingencia que se activan cuando el fuego ya es noticia? ¿Los bomberos municipales y departamentales tienen el equipo y la capacitación necesarios, o dependen de la buena voluntad? ¿Hay una estrategia nacional coordinada, o cada nivel de gobierno improvisa por su cuenta?

El gobierno saliente dejó, en sus últimas semanas, una hoja de ruta concreta: desastre nacional declarado, helicópteros especializados en camino, cuerpos de bomberos étnicos fortalecidos. Tardío, pero verificable. La pregunta incómoda es qué pasa después del 7 de agosto. El gobierno entrante ha construido buena parte de su identidad alrededor de la "defensa de la patria" y promete tratar el territorio como asunto de seguridad nacional. Pero hasta ahora esa agenda se concentra en deforestación y minería ilegal, sin un plan específico de prevención de incendios forestales conocido públicamente. Si de verdad se quiere hablar de defensa nacional, no hay amenaza más concreta este semestre que la que ya anunciaron los propios organismos técnicos del Estado. ¿Va a sostener lo que dejó el gobierno anterior, o lo va a dejar debilitar?

Esperar a las primeras grandes emergencias sería repetir, con conocimiento previo, errores que otros países ya pagaron con vidas y miles de millones en daños. Este llamado va dirigido a cuatro frentes:

Al gobierno nacional, entrante y saliente por igual: que la transición no se convierta en pausa justo cuando arranca la temporada crítica, y que la "defensa del país" incluya presupuesto real para prevención, no solo discurso de seguridad territorial.

A los gobiernos departamentales y municipales, que inviertan en gestión forestal preventiva y no dejen esa carga solo en manos de bomberos voluntarios sin recursos.

A colegios y universidades, para que hagan campañas que expliquen el riesgo de El Niño y formen, desde ahora, una cultura de prevención en niños, jóvenes y familias.

Y a la comunidad, porque apagar bien una fogata, no dejar vidrio ni colillas en el monte, y exigir cuentas claras a las autoridades locales están al alcance de cualquiera.

La prevención no es un gasto: es la inversión más inteligente para proteger el patrimonio natural, la economía y, sobre todo, la vida de la gente. Colombia todavía puede decidir si actúa antes, o si aprende la lección entre las cenizas, como España este año.

Nuestros escarabajos dejaron de volar: por qué Colombia ya no es protagonista el Tour de Francia

El Tour de Francia 2026 llegó a su fin con una nueva demostración de autoridad de Tadej Pogačar. El esloveno conquistó su quinto Tour de Francia, igualando el récord histórico de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Lo hizo con una diferencia superior a los seis minutos sobre su más cercano perseguidor, ganó cinco etapas y, fiel a su estilo ofensivo, siguió buscando la victoria incluso en la última jornada. Más que un triunfo, fue una exhibición de superioridad que confirmó que hoy es el gran referente del ciclismo mundial.

Pero el Tour también dejó otra conclusión importante: el relevo generacional ya es una realidad. El mexicano Isaac del Toro y el francés Paul Seixas confirmaron que están llamados a marcar una época. Del Toro no solo terminó tercero en la clasificación general y conquistó la camiseta blanca de mejor joven, sino que además recibió el reconocimiento del propio Pogačar, quien lo señaló como uno de los grandes nombres del futuro.

Para Latinoamérica el balance fue extraordinario, tanto por lo ya señalado de Del Toro —a lo que se suma una victoria de etapa en Barcelona— como por lo hecho por el ecuatoriano Richard Carapaz. El campeón olímpico volvió a demostrar su enorme categoría al conquistar nuevamente la clasificación de la montaña, ganar dos etapas y ser elegido el corredor más combativo del Tour. Mientras México y Ecuador celebraban a dos de los grandes protagonistas de la carrera, Colombia volvió a pasar prácticamente inadvertida.

El contraste fue evidente. Egan Bernal terminó en el puesto 20, a casi dos horas del campeón. Harold Tejada también finalizó a más de dos horas, mientras que Einer Rubio, uno de los colombianos más destacados en varias jornadas de montaña, tuvo que abandonar tras un choque con un vehículo de equipo en el ascenso al Alpe d'Huez. Más allá de las circunstancias particulares de cada corredor, el balance deja una sensación difícil de ignorar: Colombia estuvo muy lejos del protagonismo que durante tantos años la convirtió en una potencia del ciclismo mundial.

Y quizá allí radica la principal preocupación. Durante décadas, hablar de Colombia era hablar de escaladores. Los "escarabajos" hicieron de la montaña su territorio. Luis Herrera fue el primer colombiano en conquistar el maillot de la montaña en el Tour de Francia. Mauricio Soler repitió la hazaña en 2007. Nairo Quintana ganó esa clasificación tanto en el Tour como en la Vuelta a España y, posteriormente, Egan Bernal llevó al país a conquistar el Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021.

La montaña era nuestra identidad. Allí se construyó el prestigio internacional del ciclismo colombiano. Durante muchos años, cuando la carretera se empinaba, el protagonismo era colombiano. Hoy esa realidad parece haber cambiado. En el Tour de Francia 2026 el maillot de lunares volvió a quedar en manos de Richard Carapaz, mientras que ningún colombiano figuró entre los protagonistas de las grandes jornadas de montaña. Lo preocupante no es únicamente haber dejado de luchar por la clasificación general; es haber perdido protagonismo precisamente en el escenario donde durante más de cuarenta años Colombia escribió las páginas más gloriosas de su historia deportiva.

Los resultados recientes parecen confirmar esa tendencia. Durante la temporada hubo triunfos importantes, pero principalmente en carreras de una semana o de menor categoría. Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturias; Jesús David Peña consiguió una victoria de etapa en Portugal; y Santiago Umba se impuso en el GP Vorarlberg, en Austria. Son logros valiosos, pero muy distintos a disputar el protagonismo en las grandes vueltas.

En las competencias más importantes las victorias colombianas se han vuelto cada vez más escasas. Einer Rubio ganó una etapa del Giro de Italia en 2023; Daniel Felipe Martínez fue el último colombiano en imponerse en una etapa del Tour de Francia, en 2020; y Egan Bernal consiguió una victoria parcial en la Vuelta a España en 2025. 

Son triunfos importantes, pero aislados si se comparan con la época en que Colombia luchaba año tras año por podios, maillots de la montaña y títulos de las tres grandes. Sin embargo, sería un error concluir que el problema radica únicamente en Colombia. El ciclismo mundial ha cambiado de manera radical. Hoy los mejores corredores llegan al profesionalismo con una preparación científica, tecnológica y nutricional que hace apenas una década parecía impensable. 

Corredores como Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Del Toro o Seixas son ciclistas completos: escalan al máximo nivel, dominan la contrarreloj, responden en cualquier terreno y cuentan con equipos que analizan hasta el más mínimo detalle de su preparación.

En ese contexto, Colombia parece haber perdido la ventaja competitiva que durante muchos años tuvo en la alta montaña. Ya no basta con ser un excelente escalador. El ciclismo moderno exige corredores integrales y estructuras deportivas capaces de acompañarlos desde las categorías juveniles con ciencia, tecnología, planificación y recursos económicos.

También vale la pena preguntarse si el país logró aprovechar el impulso que significó la histórica victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia de 2019. En ese momento muchos imaginamos el comienzo de una nueva época dorada. No obstante, quizá se dio por sentado que el relevo generacional llegaría de manera natural. 

La experiencia demuestra que el éxito no se improvisa: requiere procesos permanentes de formación, competencias internacionales, inversión y una estrategia de largo plazo.

Esto no significa que Colombia haya dejado de producir talento. Por el contrario, el país sigue formando corredores con enormes condiciones. Ahí está el boyacense Robert Andrés Plazas, reciente campeón de la Vuelta de la Juventud 2026, la competencia más importante del país para ciclistas sub-23 y una carrera que históricamente ha servido como plataforma para figuras como Fabio Parra, Mauricio Soler, Sergio Henao, Miguel Ángel López, Egan Bernal y, aunque sea ecuatoriano, también Richard Carapaz. A él se suman otros jóvenes como Diego Pescador, Germán Darío Gómez y Edison Callejas, quienes representan la esperanza de una nueva generación.

La aparición de estos corredores demuestra que el talento sigue existiendo. La verdadera incógnita es si Colombia cuenta hoy con la estructura deportiva, el respaldo económico y los procesos de formación necesarios para que esos jóvenes den el salto al WorldTour y, sobre todo, puedan convertirse en protagonistas de las grandes vueltas. El reto ya no es descubrir ciclistas con condiciones; el verdadero desafío es acompañarlos hasta la élite.

Esta reflexión también debería llegar a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Ministerio del Deporte, a los institutos departamentales y a la empresa privada. El talento colombiano sigue existiendo, pero ya no basta con descubrir buenos escaladores y esperar que triunfen por sus propias condiciones. 

El ciclismo del siglo XXI se construye con ciencia, tecnología y planificación.

Es indispensable fortalecer los procesos de formación incorporando especialistas en nutrición deportiva, fisiología, biomecánica, análisis de datos, psicología deportiva y entrenamiento de alto rendimiento. También es necesario facilitar que los jóvenes talentos compitan desde temprana edad en Europa, donde se desarrolla el ciclismo del más alto nivel y donde adquieren la experiencia necesaria para afrontar las grandes vueltas.

Igualmente, es momento de invertir en laboratorios de rendimiento, seguimiento médico permanente, acceso a tecnología de última generación, preparación en contrarreloj, análisis aerodinámico y programas de intercambio con equipos europeos. Los países que hoy dominan el ciclismo entendieron que el talento natural necesita estar respaldado por el conocimiento científico y por una estructura deportiva sólida.

Colombia no puede seguir dependiendo de que, cada cierto tiempo, aparezca un campeón por generación espontánea. Los grandes ciclistas deben ser el resultado de un proyecto nacional, de políticas deportivas sostenidas durante muchos años y de una inversión inteligente que permita formar corredores capaces de competir de igual a igual con las potencias mundiales.

Si países con menos tradición ciclística han logrado construir estructuras de alto rendimiento que hoy producen campeones, Colombia, con su historia, su geografía y su enorme cantera de talento, también puede hacerlo. La pregunta no es si tenemos los ciclistas; la pregunta es si estamos dispuestos a construir el sistema que les permita llegar a la cima.

Hablar de una crisis puede parecer exagerado, pero ignorar las señales sería un error aún mayor. Colombia ya no domina la montaña como lo hizo durante décadas. Ya no pelea con frecuencia por la clasificación general ni por el maillot de lunares, una camiseta que durante muchos años fue casi un símbolo del ciclismo colombiano. Mientras tanto, una nueva generación, más completa y mejor preparada, está redefiniendo este deporte.

El verdadero desafío no consiste únicamente en volver a ganar una etapa del Tour de Francia o subir al podio de una gran vuelta. El reto es recuperar un modelo de formación capaz de competir con las grandes potencias del ciclismo moderno.

Porque lo más preocupante no es que Colombia haya dejado de ganar el Tour de Francia.

Lo verdaderamente preocupante es que ya no somos protagonistas ni siquiera en la montaña, el escenario donde durante más de cuarenta años construimos nuestra identidad, nuestro prestigio y nuestras mayores hazañas.

Y quizá esa sea la principal lección que deja este Tour. Los próximos campeones del ciclismo colombiano no deberían ser un accidente del talento ni el producto de la generación espontánea. Deberían ser el resultado predecible de un proyecto deportivo de excelencia, respaldado por la ciencia, la tecnología, la educación, la inversión y una visión de largo plazo. 

Solo así Colombia podrá volver a ocupar el lugar que durante tantos años conquistó en las carreteras más importantes del mundo.