El debate se ha reducido a una pelea política entre gobierno y oposición, o a discusiones técnicas sobre cifras y sostenibilidad financiera. Pero el verdadero problema está en otra parte: en quienes sí trabajaron y sí cotizaron durante años, y aun así descubrieron demasiado tarde que las condiciones prometidas no eran las que realmente recibirían al pensionarse. El drama de quienes nunca lograron completar las semanas necesarias es gravísimo y refleja el fracaso del mercado laboral colombiano, pero ninguna reforma parece capaz de resolverlo de fondo. La discusión inmediata está en quienes sí hicieron el esfuerzo y sienten que el sistema cambió las reglas en el camino.
Las demandas contra la reforma, las recusaciones en la Corte Constitucional y el accidentado trámite legislativo muestran algo más profundo: durante décadas el país supo que el sistema pensional tenía fallas, pero ningún gobierno quiso asumir plenamente el costo político de corregirlas.
El problema viene desde la Ley 100 de 1993. El modelo de fondos privados fue presentado como una alternativa más moderna y rentable, pero buena parte de esas promesas dependían de condiciones que millones de trabajadores nunca tuvieron: empleo estable, cotizaciones continuas y salarios suficientemente altos para ahorrar lo necesario para una buena pensión.
Además, durante años existieron incentivos comerciales para trasladar afiliados a los fondos privados sin una asesoría realmente clara. Muchas personas fueron convencidas de cambiarse sin entender las consecuencias reales de esa decisión. Y el problema no afectó solo a trabajadores de bajos ingresos. Incluso personas con salarios medios descubrieron cerca de la edad de retiro que la pensión esperada dependía de variables inciertas como el comportamiento de los mercados financieros, la rentabilidad de los fondos o la expectativa de vida.
La Corte Constitucional terminó reconociendo esa realidad en múltiples fallos que permitieron el regreso de miles de trabajadores a Colpensiones. Eso no ocurrió por casualidad ni por razones políticas: ocurrió porque muchos jueces encontraron que hubo información incompleta o asesorías que no respondían realmente al interés del trabajador.
Y justamente ahí aparece otra de las grandes contradicciones del momento actual. Mientras la Corte Constitucional todavía estudia la reforma y continúan las discusiones jurídicas sobre decretos y reglamentaciones, nuevas decisiones judiciales han vuelto a poner en incertidumbre a trabajadores que ya habían tomado decisiones sobre su futuro pensional. Pero tampoco puede desconocerse que gracias a esos decretos reglamentarios miles de colombianos tuvieron la posibilidad de regresar a Colpensiones y hoy cuentan con una pensión más digna, o al menos mejor que la que les ofrecía el fondo privado después de décadas de aportes. Esa es una realidad que también existe y que no puede borrarse del debate simplemente porque hoy haya discusiones jurídicas sobre la validez o vigencia de esas normas.
El problema es que nuevamente los trabajadores quedan atrapados en medio de disputas institucionales que no controlan ni entienden completamente. Personas que actuaron confiando en reglas que el propio Estado presentó como válidas hoy vuelven a vivir en incertidumbre.
Eso es probablemente lo más grave de esta crisis: la sensación permanente de inseguridad. Hoy sí, mañana no, pasado mañana nadie sabe. Las reglas cambian, los procesos se frenan, los decretos se demandan, las cortes revisan, los gobiernos defienden sus reformas y la oposición intenta bloquearlas, mientras millones de trabajadores siguen sin saber con claridad qué terminará pasando con sus aportes, con su pensión y con el futuro que construyeron durante décadas de trabajo. Paradójicamente, esa incertidumbre termina pareciéndose a la misma volatilidad de los mercados que durante años se presentó como una de las fortalezas del sistema financiero: todo depende de variables cambiantes, pero las consecuencias reales las termina asumiendo el ciudadano común en su bienestar personal y familiar.
Por supuesto, también es cierto que trasladar masivamente afiliados a Colpensiones puede generar enormes presiones sobre las finanzas públicas. Ignorar ese riesgo sería irresponsable. Un sistema pensional que el Estado no pueda sostener termina afectando precisamente a quienes pretende proteger.
Pero tampoco puede aceptarse que todo se reduzca únicamente a las cuentas fiscales. Millones de personas cotizaron durante décadas creyendo en unas condiciones que el propio sistema ayudó a construir y que después no pudo cumplir completamente.
Más allá del fallo de la Corte, Colombia necesita una discusión honesta sobre su sistema pensional. Una discusión que reconozca las fallas históricas del modelo, que entienda los riesgos financieros reales del sistema público, pero que sobre todo no olvide algo esencial: detrás de cada expediente y cada debate político hay personas que trabajaron toda una vida y que hoy solo piden algo elemental: que después de décadas de aportes, el sistema no les responda con incertidumbre.
