Las causas son varias: olas de calor que han superado los 46 °C, pirómanos, fogatas mal apagadas, colillas y residuos abandonados en el monte, síntoma de una desconexión preocupante con el territorio. Pero más allá de las causas inmediatas hay una pregunta de fondo que casi nadie quiere hacer: ¿se está invirtiendo lo suficiente en prevenir, o solo en apagar?. Combatir un incendio ya desatado siempre será más costoso y peligroso que evitar que se propague. Y sin embargo, año tras año, el presupuesto se concentra en la extinción —aviones, helicópteros, brigadas— y muy poco en lo que ocurre antes de la primera chispa: cortafuegos mantenidos, limpieza periódica de vegetación seca, aprovechamiento de biomasa, control biológico con pastoreo. Ninguna medida elimina el riesgo, pero todas reducen la velocidad con que un incendio se sale de control. También hace falta preguntar por la capacidad real de respuesta: ¿bomberos forestales suficientes? ¿flota aérea capaz de atacar el fuego en sus primeros minutos, cuando de verdad se decide todo? ¿vigilancia y alertas coordinadas entre municipios, departamentos y nación?
Este panorama debería ser una advertencia directa. El fenómeno de El Niño traerá temperaturas más altas y menos lluvia en buena parte del país, justo las condiciones que disparan el riesgo de incendios. La pregunta ya no es hipotética: ¿está Colombia realmente preparada?¿Los programas de prevención existen de verdad o solo en planes de contingencia que se activan cuando el fuego ya es noticia? ¿Los bomberos municipales y departamentales tienen el equipo y la capacitación necesarios, o dependen de la buena voluntad? ¿Hay una estrategia nacional coordinada, o cada nivel de gobierno improvisa por su cuenta?
El gobierno saliente dejó, en sus últimas semanas, una hoja de ruta concreta: desastre nacional declarado, helicópteros especializados en camino, cuerpos de bomberos étnicos fortalecidos. Tardío, pero verificable. La pregunta incómoda es qué pasa después del 7 de agosto. El gobierno entrante ha construido buena parte de su identidad alrededor de la "defensa de la patria" y promete tratar el territorio como asunto de seguridad nacional. Pero hasta ahora esa agenda se concentra en deforestación y minería ilegal, sin un plan específico de prevención de incendios forestales conocido públicamente. Si de verdad se quiere hablar de defensa nacional, no hay amenaza más concreta este semestre que la que ya anunciaron los propios organismos técnicos del Estado. ¿Va a sostener lo que dejó el gobierno anterior, o lo va a dejar debilitar?
Esperar a las primeras grandes emergencias sería repetir, con conocimiento previo, errores que otros países ya pagaron con vidas y miles de millones en daños. Este llamado va dirigido a cuatro frentes:
Al gobierno nacional, entrante y saliente por igual: que la transición no se convierta en pausa justo cuando arranca la temporada crítica, y que la "defensa del país" incluya presupuesto real para prevención, no solo discurso de seguridad territorial.
A los gobiernos departamentales y municipales, que inviertan en gestión forestal preventiva y no dejen esa carga solo en manos de bomberos voluntarios sin recursos.
A colegios y universidades, para que hagan campañas que expliquen el riesgo de El Niño y formen, desde ahora, una cultura de prevención en niños, jóvenes y familias.
Y a la comunidad, porque apagar bien una fogata, no dejar vidrio ni colillas en el monte, y exigir cuentas claras a las autoridades locales están al alcance de cualquiera.
La prevención no es un gasto: es la inversión más inteligente para proteger el patrimonio natural, la economía y, sobre todo, la vida de la gente. Colombia todavía puede decidir si actúa antes, o si aprende la lección entre las cenizas, como España este año.
