El próximo 21 de junio los colombianos tendremos que tomar una decisión que seguramente marcará el rumbo de la nación durante los próximos años. Más allá de los nombres de los candidatos, pareciera que estamos frente a dos visiones de país profundamente diferentes, incluso diametralmente opuestas en algunos aspectos fundamentales como el papel del Estado, la seguridad, la economía, la educación y la forma de enfrentar los problemas históricos de nuestra sociedad.
Justamente por eso considero que el debate no debería centrarse únicamente en las simpatías personales, en los discursos de campaña o en las diferencias ideológicas. Más bien tendría que invitarnos a analizar con detenimiento qué plantea cada aspirante, cómo piensa llevarlo a cabo, quiénes serán los principales beneficiarios de sus políticas y cuáles podrían ser sus consecuencias para el conjunto de la ciudadanía. Las siguientes reflexiones no buscan decirle a nadie por quién votar. Pretenden, más bien, formular algunas preguntas que considero importantes antes de depositar el sufragio.
Al revisar los programas de candidatos tan distintos como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aparecen visiones claramente diferentes sobre el territorio que compartimos. Mientras uno impulsa una mayor intervención estatal, una profundización de las políticas sociales, una reforma tributaria progresiva, el robustecimiento de la educación pública y la continuidad de los procesos de paz, el otro ofrece una reducción de impuestos, una disminución del tamaño del aparato estatal, una política de seguridad más contundente, la construcción de megacárceles y el afianzamiento de sectores productivos tradicionales como el petróleo y el gas. Evidentemente no he consigando todas las iniciativas.
Estas diferencias son legítimas y hacen parte de cualquier democracia. No obstante, también plantean preguntas que merecen respuestas concretas. Por ejemplo, si se propone reducir impuestos y favorecer la inversión empresarial, ¿cómo se financiarán simultáneamente nuevas cárceles, más fuerza pública, infraestructura y modernización institucional? Si el Estado contará con menos ingresos, ¿de dónde saldrán los recursos para sostener esas iniciativas? ¿Se espera que el crecimiento económico compense la reducción tributaria? ¿Existen estudios que respalden esas proyecciones?
De la misma manera, si se plantea ampliar significativamente la presencia estatal en áreas como salud, educación, reforma agraria y programas sociales, surge otra pregunta igualmente válida: ¿será suficiente el recaudo esperado para financiar estas transformaciones? ¿Cómo se garantizará que los dineros lleguen efectivamente a los ciudadanos y no terminen perdiéndose entre burocracia, ineficiencia o corrupción?
También considero importante preguntarnos si las iniciativas están dirigidas a toda la población o si responden principalmente a determinados grupos sociales. Un candidato puede enfocarse en empresarios, inversionistas y ciudadanos preocupados por la inseguridad. Otro puede poner el énfasis en campesinos, trabajadores, organizaciones sociales o comunidades históricamente excluidas. Pero quien llegue a la Presidencia no gobernará únicamente para quienes votaron por él. Gobernará para más de cincuenta millones de compatriotas. Por eso vale la pena preguntarse si las apuestas tienen la capacidad de integrar a la nación o si, por el contrario, pueden profundizar la polarización que ya vivimos.
La seguridad es un buen ejemplo de ello. Algunos programas parten de la necesidad de robustecer la capacidad coercitiva del Estado mediante más policía, más cárceles y penas más severas. Otros consideran que la seguridad duradera requiere intervenir también sobre las causas sociales, económicas y políticas de la violencia. El riesgo es que terminemos creyendo que uno ofrece seguridad y el otro no, cuando en realidad ambos hablan de seguridad desde enfoques distintos. La pregunta debería ser cuál de esas estrategias tiene mayores posibilidades de producir resultados sostenibles y cómo se piensa medir su efectividad.
Ahora bien, hay un tema que con frecuencia queda relegado en medio de estos debates y que, a mi juicio, tendría que ocupar un lugar mucho más central: la educación. Más allá de las discusiones sobre seguridad, impuestos o tamaño del Estado, me parece fundamental preguntarnos cómo garantizará un futuro gobierno que todos los habitantes del territorio tengan acceso a una formación de calidad, independientemente de su condición económica, de la región donde vivan o de si estudian en instituciones oficiales o privadas. Porque, al final, pocas herramientas tienen una capacidad tan grande para abrir caminos, reducir desigualdades y transformar vidas como la educación.
Hablo también desde mi experiencia. Durante buena parte de mi vida profesional he participado en la formación de profesionales para el sector agropecuario. Ese contacto permanente con estudiantes, egresados y realidades del campo me ha permitido conocer tanto el enorme potencial de nuestros jóvenes como las limitaciones que aún enfrentan para convertir ese potencial en posibilidades ciertas de desarrollo.
La igualdad de oportunidades no debería medirse únicamente por la existencia de instituciones educativas, sino por la posibilidad concreta de que cualquier persona pueda desplegar sus capacidades, acceder a instrucción técnica, tecnológica o universitaria, participar en procesos de investigación e innovación y convertirse en motor de empleo y prosperidad para sus comunidades. En este sentido, no sobra decir que la educación pública es, para una inmensa mayoría, la única oportunidad real de salir adelante; de ahí que el debate merezca ir más allá de la mera competencia entre lo público y lo privado. Tanto quienes estudian en una institución del Estado como quienes lo hacen en una particular son colombianos y forman parte del mismo proyecto nacional. El verdadero reto consiste en evitar que el origen económico de una familia termine condicionando el futuro educativo de sus hijos.
Desde esa experiencia en el ámbito formativo también me surge otra inquietud. Durante décadas, buena parte de nuestro sistema de preparación ha estado orientado a capacitar personas para incorporarse al mercado laboral como empleados. Sin desconocer la importancia de ello, me pregunto si no convendría avanzar hacia un modelo que también forme a nuestros ciudadanos para convertirse en gestores de sus propios proyectos de vida.
¿Estamos preparando a nuestros jóvenes para crear empresa, innovar, liderar procesos productivos y generar empleo para otros? ¿O seguimos enfocando gran parte de nuestros esfuerzos en formarlos para buscar vacantes dentro de estructuras creadas por terceros? Especialmente en sectores como el agro, donde la innovación, el emprendimiento y el arraigo territorial pueden convertirse en motores de desarrollo, esta reflexión cobra una importancia particular.
Más allá de los conocimientos técnicos o profesionales, la educación podría fortalecer capacidades relacionadas con el liderazgo, la formulación de proyectos, la formación financiera, la innovación, la solución de problemas y la capacidad de asumir riesgos de manera responsable. No se trata de elegir entre formar empleados o empresarios. La nación necesita ambos. Pero sí conviene analizar si el equilibrio actual es el adecuado.
En una economía donde el conocimiento y la innovación son cada vez más importantes, el papel del Estado no debería limitarse a financiar la instrucción. También tendría que ayudar a crear condiciones para que los emprendimientos nacidos de esa preparación puedan crecer, acceder a crédito, recibir acompañamiento técnico, superar las barreras iniciales y convertirse en fuentes de trabajo y bienestar para sus comunidades.
¿Existe dentro de los programas de los candidatos una estrategia clara para impulsar este tipo de capacitación? ¿Se contempla la formación como una herramienta para construir autonomía económica y movilidad social? ¿O se sigue pensando principalmente en preparar a las nuevas generaciones para ocupar puestos de trabajo creados por otros? Estas preguntas resultan especialmente pertinentes en una sociedad donde millones de personas encuentran en el emprendimiento una alternativa para mejorar sus condiciones de vida y aportar al crecimiento económico.
Durante años hemos escuchado críticas al crecimiento de la deuda pública, sin importar cuál sea el gobierno de turno. Pese a ello, cuando se revisan muchos planes de gobierno, resulta inevitable preguntarse si los recursos proyectados serán suficientes para cumplir todo lo prometido. Si se reducen impuestos, si se amplían programas sociales, si se fortalece la seguridad, si se mejora la infraestructura, si se transforma la educación y la salud, ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Qué gastos se reducirán? ¿Qué nuevas fuentes de ingreso existirán? ¿Y cuánto terminarán pagando las futuras generaciones mediante mayores niveles de endeudamiento?
Quizá una de las preguntas más importantes que deberíamos hacerles a todos los aspirantes es que presenten no solamente sus iniciativas, sino también una explicación clara de cuánto costarán, de dónde saldrán los fondos y cuál será el impacto esperado sobre las finanzas nacionales.
Para terminar, más que cuestionarnos quién promete más, convendría identificar quién ofrece un proyecto viable, sostenible y capaz de crear condiciones favorables para la mayoría de los colombianos. Creo que el país necesita avanzar hacia una sociedad donde el lugar de nacimiento, la condición económica o el entorno familiar no definan el futuro de las personas. Por lo tanto, es importante valorar qué lugar ocupa la educación dentro de cada plan de gobierno y cuál será su capacidad para transformar la vida de millones de ciudadanos.
Porque gobernar no consiste únicamente en identificar problemas o formular aspiraciones; también implica demostrar que existen caminos realistas para convertir esas aspiraciones en resultados concretos. Nos quedan tres semanas para reflexionar sobre los programas, analizar sus alcances, identificar sus fortalezas y cuestionar sus debilidades. Tres semanas para decidir conscientemente el voto, pensando no solo en nuestras convicciones personales, sino también en la nación que queremos construir para las próximas generaciones.
El 21 de junio cada uno marcará una casilla en el tarjetón, pero entre todos estaremos definiendo el rumbo de Colombia.
