parecían percibirse durante la campaña no terminan de materializarse. Quizás lo más evidente hasta ahora sea el despliegue de fuerza que quiere mostrar a través de las Fuerzas Armadas, con apariciones cada vez más frecuentes ante la prensa, casi como si tuviera el don de la ubicuidad. Esta puesta en escena me recuerda la época de Pastrana Arango, cuando tuvimos al llamado «mejor policía del mundo», capaz de aparecer a las diez de la mañana frente a la culminación de un operativo en La Guajira y diez minutos después estar en Leticia.
Pero, más allá de las apariciones y los anuncios, la realidad del orden público sigue su propio curso. La respuesta de los grupos delincuenciales no se ha hecho esperar: atentados, muerte de inocentes y nuevos desplazamientos. Frente a este panorama, la respuesta del Gobierno parece reducirse a una fórmula conocida: más bala y más bombardeos, convertidos incluso en espectáculo, como cuando el presidente estampó su firma y un mensaje en una bomba destinada a las disidencias.
Con todo lo que viene implementándose, no resulta fácil entender cómo se pretende construir la paz en un país tan diverso y extenso como Colombia. Por más hombres que se incorporen a las Fuerzas Armadas, nunca habrá capacidad suficiente para mantener un control permanente sobre cada rincón del territorio y, mucho menos, para garantizar por esa vía la seguridad que reclaman los colombianos. La seguridad no se consigue únicamente con presencia militar; requiere instituciones, oportunidades, justicia y un Estado que llegue a las regiones con algo más que fusiles.
No deja de ser paradójico que, después de más de 60 años de confrontación, nuestras Fuerzas Armadas no hayan conseguido acabar con la violencia recurriendo exclusivamente a la fuerza. Ahora parece que volviéramos a confiar en esa misma fórmula, como si la experiencia acumulada no hubiera dejado ninguna enseñanza.
Se ha venido desmantelando buena parte de lo construido alrededor de los acuerdos de paz. Habrá que ver qué ocurre con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que recordó, mediante el Auto 1538 de 2026, que el Acuerdo de Paz de 2016 es una política pública de Estado y que su implementación vincula de buena fe a todas las autoridades. El tribunal otorgó al Gobierno un plazo de 30 días hábiles para presentar una hoja de ruta con metas claras y recursos, que debe quedar incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo. No soy particularmente optimista frente a la manera como este Gobierno ha asumido sus compromisos, pero habrá que ver si, esta vez, las decisiones institucionales terminan imponiéndose sobre los intereses políticos.
Por otra parte, estos primeros tres meses también han dejado en evidencia que varias promesas de campaña han terminado convertidas en un ejercicio de contradicción institucional. El desencanto comenzó temprano para algunos de sus votantes. La bandera de no subir los impuestos, defendida con vehemencia por el entonces candidato y su actual vicepresidente, fue uno de los pilares con los que capitalizaron el descontento ciudadano. Sin embargo, esa promesa parece haber quedado atrás con la denominada «Ley de Rescate», radicada el 29 de octubre por su propio ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y por el mismo vicepresidente. La iniciativa recurre a una vieja fórmula fiscal: ampliar el IVA, con efectos directos sobre los bolsillos de los colombianos, especialmente de aquellos trabajadores que esperaban precisamente lo contrario, algún alivio en su economía. Que el proyecto prevea una devolución para la población de menores ingresos no borra que algunos productos de la canasta familiar hoy gravados al 5 % pasarían al 19 %.
La paradoja es todavía mayor cuando se observa la posición del actual vicepresidente. En 2021, la propuesta de Alberto Carrasquilla, entonces ministro de Hacienda de Iván Duque, que pretendía gravar varios productos de la canasta familiar, terminó retirada del Congreso y nunca se aprobó. Su sucesor, José Manuel Restrepo, presentó una nueva reforma que, según él mismo explicó, fue cuidadosa en no tocar el IVA. Hoy, como vicepresidente, radica junto al ministro Gómez una ley que lleva del 5 % al 19 % productos como el café, el azúcar, los aceites y las pastas. Las circunstancias pueden cambiar, por supuesto, pero sería razonable que también se explicaran las razones de un cambio de posición tan evidente.
La desconexión entre las promesas y las decisiones económicas se repite en la conformación del Estado. El discurso de la «Colombia milagro», presentado como una alternativa independiente de las maquinarias políticas tradicionales, se ha ido diluyendo frente a prácticas bastante conocidas: el reparto de cuotas y los acuerdos burocráticos. Nombramientos de figuras vinculadas a sus aliados, como la designación de Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín y excandidata al Senado por Creemos, en el Ministerio del Deporte, vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que se suponía resuelta durante la campaña: ¿la llamada mermelada política desapareció o simplemente cambió de destinatarios? Porque, si se trata de reemplazar unos beneficiarios por otros, no estamos hablando de una transformación de la política, sino de una redistribución del poder.
Otro de los contrastes se encuentra en los asuntos de justicia y seguridad. El candidato que defendía una política de mano dura, prometía megacárceles al estilo Bukele y ofrecía castigos ejemplares parece haber moderado su discurso al llegar al poder. Ahora se abre la puerta a beneficios judiciales y penas atenuadas para personas involucradas en casos de corrupción, a cambio de una supuesta colaboración con el Estado. Habrá que conocer los alcances y las condiciones de esas medidas, pero la contradicción política resulta evidente: ¿cómo se concilia la promesa de castigos implacables con la posibilidad de conceder beneficios a quienes antes eran presentados como parte del problema que había que combatir?
De igual manera, el populismo punitivo con el que se prometió recuperar el control territorial en un plazo de apenas 90 días terminó chocando con la complejidad del orden público nacional. Los plazos han tenido que matizarse y las promesas, ajustarse a una realidad mucho más difícil de administrar que la que se describe en un discurso de campaña. A esto se suma la propuesta de reducir el tamaño del Estado, que entra en tensión con la necesidad de fortalecer la presencia institucional en regiones donde históricamente ha sido insuficiente. No deja de ser contradictorio pretender recuperar el control territorial mientras se plantea reducir precisamente la estructura estatal que debería garantizarlo.
Entre el De la Espriella que buscaba los votos y el que hoy ejerce el poder empiezan a aparecer diferencias que merecen explicaciones. La conveniencia política puede ser necesaria para gobernar, pero no debería convertirse en una excusa para abandonar, sin mayor explicación, aquello que se defendió con tanta contundencia ante los electores.
Finalmente, hay otro asunto que merece una discusión más seria: la insistencia en atribuir exclusivamente al gobierno anterior la situación fiscal del país. Es cierto que Iván Duque logró un rebote económico del 10,7 % en 2021, después de la crisis de la pandemia, pero a costa de un importante deterioro social: 19,6 millones de colombianos permanecían en la pobreza. A esto se sumaron un déficit fiscal que alcanzó el 7,8 % del PIB, el aumento de la deuda pública y el desbalance del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que llegó a 36,7 billones de pesos al cierre de 2022. Este panorama dejó al gobierno de Gustavo Petro unas finanzas comprometidas y desequilibrios que no podían corregirse de un día para otro. Sin embargo, reconocer esa herencia no significa eximir de responsabilidad a quienes han gobernado después, ni convertir el pasado en una explicación permanente para las dificultades del presente.
Atribuirle toda la responsabilidad al gobierno anterior es una manera cómoda de evadir la discusión de fondo. Los problemas fiscales de Colombia no nacieron con Duque, ni con Petro, ni con el actual Gobierno. Son el resultado de decisiones acumuladas, de reformas que no han resuelto los problemas estructurales y de una clase dirigente que, independientemente de su orientación política, suele encontrar explicaciones para sus dificultades en la administración que la precedió.
Y aquí surge una pregunta que va más allá de los 90 días de Abelardo de la Espriella: ¿cómo es posible que un país con tantos recursos naturales, humanos y económicos, y que ha tenido presidentes, ministros y equipos de gobierno que se han presentado como verdaderos expertos en sacar adelante la economía, siga tropezando con los mismos problemas? ¿Será que el problema está solamente en quién gobierna o también en la forma como hemos construido y administrado el Estado?
Quizás Colombia no necesite otro gobernante que prometa tener todas las respuestas, sino dirigentes capaces de reconocer que los problemas del país no se resuelven con discursos, demostraciones de fuerza ni anuncios espectaculares. Noventa días pueden ser pocos para transformar una nación, pero son suficientes para empezar a reconocer si las promesas de campaña tienen alguna correspondencia con las decisiones de gobierno. Y, por ahora, esa correspondencia sigue siendo motivo de discusión.
