El primer problema está en el territorio. Para tener una idea de las diferencias, El Salvador tiene un tamaño muy similar al del departamento de La Guajira. Es decir, todo el país donde Bukele ha desarrollado su estrategia de seguridad tiene prácticamente la extensión de uno solo de nuestros departamentos. Colombia, en cambio, tiene una geografía unas 54 veces más extensa y mucho más compleja, atravesada por tres cordilleras, grandes selvas, llanuras y regiones donde la presencia del Estado sigue siendo limitada y difícil de garantizar. No se trata simplemente de tener más soldados o policías, sino de las enormes dificultades que representa garantizar la seguridad en un país con las características geográficas y sociales de Colombia.
También hay diferencias en la naturaleza de la violencia. En El Salvador, el principal problema de seguridad estaba relacionado con las pandillas y su control sobre barrios y comunidades. En Colombia, la situación es mucho más compleja. Además de la inseguridad urbana, tenemos guerrillas, grupos armados, organizaciones dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y otras economías criminales con presencia en distintas regiones. Estas organizaciones disputan territorios, manejan importantes recursos económicos y, en muchos casos, ejercen autoridad sobre las comunidades. Pensar que basta con aumentar la presencia militar y multiplicar las detenciones para resolver este problema es desconocer una realidad que lleva décadas sin encontrar una solución definitiva.
Quizás el aspecto más preocupante del modelo salvadoreño está en el costo que ha tenido para los derechos humanos. Si bien es cierto que Bukele ha conseguido una reducción importante de los homicidios y ha recuperado el control de territorios que estaban sometidos a las pandillas, también debe reconocerse que esos resultados han estado acompañados de detenciones arbitrarias, cuestionamientos a los procesos judiciales, restricciones a las libertades y un régimen de excepción que se ha prolongado en el tiempo, algo que recuerda el estado de sitio que conocimos en Colombia.
Nosotros tuvimos esa figura en la Constitución de 1886 y era prácticamente la herramienta con la que gobernaban nuestros presidentes. El estado de sitio se levantaba aproximadamente un mes antes de entregar el poder y el mandatario entrante volvía a declararlo casi un mes después de posesionarse. Esto les permitía expedir decretos con fuerza de ley y, en la práctica, el Congreso sobraba. Hoy, en El Salvador, el Congreso parece cumplir un papel similar al de un saludo a la bandera frente a las decisiones del Ejecutivo.
La seguridad es una obligación del Estado, pero no puede convertirse en una justificación para desconocer los derechos de las personas ni para debilitar las instituciones que deben garantizar su protección.
En Colombia, además, el debate tiene otras implicaciones. Las operaciones militares contra los grupos armados, particularmente los bombardeos en zonas donde estos tienen presencia, plantean serios cuestionamientos cuando pueden poner en riesgo a la población civil y terminar con la muerte de menores de edad reclutados por estas organizaciones. La lucha contra los grupos armados es una obligación del Estado, pero no puede llevarse a cabo desconociendo los riesgos para la población ni las responsabilidades que imponen las normas humanitarias. La firmeza frente a estos grupos no puede estar por encima de la protección de la vida de quienes no participan en el conflicto.
A este panorama se suma un factor externo que puede incidir en los planes de seguridad del gobierno de De la Espriella: el cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos. Colombia mantiene una relación estratégica con Washington y la cooperación militar y tecnológica entre ambos países ya había comenzado a traducirse en la llegada de equipos y recursos para fortalecer las capacidades de seguridad. Sin embargo, el nuevo escenario político estadounidense, con mayoría demócrata en ambas cámaras a partir de enero de 2027, puede modificar las condiciones de ese respaldo.
Aunque Donald Trump continuará en la Presidencia y conserva la capacidad de orientar la política exterior, el Congreso tiene un papel importante en la aprobación de recursos, la supervisión de la cooperación y el seguimiento a las políticas de seguridad. Por eso, las decisiones del gobierno colombiano en materia de derechos humanos, operaciones militares y respeto a las instituciones pueden convertirse en asuntos de mayor discusión en Washington. Esto no significa que Colombia vaya a perder a un aliado estratégico ni que se interrumpa o limite la cooperación existente, pero sí que De la Espriella podría encontrar mayores exigencias y menos margen para obtener un respaldo sin condicionamientos a sus políticas de seguridad.
En definitiva, el problema no es que Colombia necesite una política de seguridad más efectiva, porque evidentemente la necesita. El problema es creer que la solución consiste en emular el modelo de Bukele, aumentar las detenciones y mostrar resultados a cualquier precio. Colombia tiene una realidad distinta, con problemas que no se resuelven únicamente con presencia militar ni con discursos de mano dura.
La seguridad no puede medirse solamente por la cantidad de capturas o por la reducción de los homicidios. También debe medirse por la capacidad del Estado para recuperar los territorios, garantizar la justicia, proteger a la población y evitar que las organizaciones criminales sigan encontrando condiciones para reproducirse. De lo contrario, se corre el riesgo de ofrecer una sensación de control que puede ser políticamente rentable, pero que está lejos de resolver los problemas de fondo.
Y así, de paso, terminar demostrando que los procesos de paz y los diálogos sobran.
