Conviene hacer una precisión importante. La administración de Donald Trump ha definido una línea migratoria clara. Puede compartirse o cuestionarse pero sus objetivos han sido expuestos de manera explícita: incrementar los procesos de expulsión, restringir mecanismos de regularización y fortalecer los controles fronterizos. Los ciudadanos colombianos residentes en ese país conocen hoy con claridad la posición de la Casa Blanca frente al fenómeno migratorio, desde nuestra perspectiva cuestionable, por el tratamiento inhumano que se le ha dado a los deportados y el no reconocimiento del estatus migratorio reconocido.
Cada día es más preocupante la situación de muchos ciudadanos que residen de forma legal o irregular en Estados Unidos. Particularmente delicado es el caso de quienes migraron legalmente por motivos de estudio, trabajo o reunificación familiar. Quienes decidieron permanecer más allá de los términos autorizados por sus visados asumieron un riesgo conocido. Pero lo que hoy está ocurriendo va mucho más allá de esa realidad. Cambios en la normativa de inmigración están afectando también a personas que actuaron conforme a la ley y que ahora enfrentan un futuro incierto.
Muchos abandonaron su tierra natal porque no veían posibilidades reales de desarrollo personal o profesional. Algunos aceptaron trabajos que jamás habrían desempeñado en Colombia; dejaron atrás carreras activas, empresas o posiciones sociales para comenzar de nuevo. También están quienes viajaron legalmente para estudiar, especializarse o investigar, confiando en que algún día podrían regresar a un país que valorara sus conocimientos. Pero para quienes decidieron volver, las promesas de recuperación de talento, fortalecimiento de la investigación y economía del conocimiento terminaron convertidas en frustración: oportunidades escasas, ingresos muy inferiores y un reconocimiento bajo respecto a las expectativas creadas.
Ante esta realidad surgen preguntas inevitables. ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para proteger a sus ciudadanos fuera del país? ¿Qué mecanismos de asistencia jurídica, diplomática y humanitaria se han activado para quienes enfrentan procesos de expulsión? ¿Existe una estrategia nacional para aprovechar el conocimiento, la experiencia y las capacidades de quienes regresan?
Pero la pregunta más importante mira hacia el futuro. El próximo 21 de junio los colombianos elegirán un nuevo presidente. Los dos aspirantes han debatido sobre múltiples asuntos internos, pero hasta ahora ambos parecen compartir un preocupante silencio frente a una situación que afecta a miles de compatriotas.
En lo personal identifico un vacío significativo sobre cómo enfrentar una eventual crisis humanitaria derivada del aumento de las deportaciones, cómo asumir los costos económicos y sociales de la reintegración, cómo brindar defensa jurídica transnacional a los afectados y cómo negociar con un gobierno estadounidense que ha endurecido su postura migratoria.
Quizá los ciudadanos en el exterior no representan suficientes votos para definir una elección. Quizá sus dificultades ocurren lejos de las fronteras nacionales y generan pocos titulares. Sin embargo, siguen siendo colombianos. Siguen sosteniendo a miles de familias mediante el envío de remesas. Y siguen teniendo derechos que el Estado está obligado a proteger.
Ojalá que en los debates presidenciales algún periodista formule la pregunta que hasta ahora nadie parece dispuesto a hacer: ¿qué harán los aspirantes a la Presidencia por quienes hoy enfrentan la incertidumbre de la expulsión, la pérdida de su estatus migratorio o el abandono institucional?
