Frente a ese dolor, una vez más la solidaridad de los colombianos se ha hecho presente: ayudas en dinero a través de la Cruz Roja Colombiana, acopios en las empresas con lo que recomiendan los organismos de socorro y muchos más ayudando en la remoción de escombros, con la esperanza de que alguien aún esté con vida.
Sin embargo, hay un aspecto imperdonable: en momentos como estos no faltan los avivatos que, lejos de querer ayudar y sabiendo que no se puede poner un vigilante en cada lugar, buscan saquear. Indolencia imperdonable.
A esto se suma la no planeada intervención de un gobierno que tuvo que enfrentar la situación con apenas tres días de posesión. Aun así, las críticas no se han hecho esperar: que no se atienden todos los frentes, que algunos se sienten abandonados, que no hay dinero para atender todas las necesidades.
Y es que, quizá, muchos no han dimensionado el tamaño de los daños causados o, sencillamente, es imposible enviar a tiempo a los rescatistas, la maquinaria necesaria, o construir y adecuar albergues suficientes. Al final, en una situación como esta, todos sentimos la necesidad de que el gobierno atienda a tiempo. Evidentemente, los gobiernos locales no estaban preparados para esto o, sencillamente, la magnitud de la emergencia superó su propia capacidad.
Lo cierto es que tardará mucho tiempo reconstruir las viviendas y, sobre todo, las vidas; recuperar algo de tranquilidad será aún más difícil para quienes perdieron a toda su familia. Por eso esperamos que los recursos conseguidos de la banca internacional se usen bien y no tengamos otra catástrofe, esta vez en las finanzas destinadas a la recuperación. Ahí deberán estar los organismos de control: Procuraduria, Contraloria y las veedurías en el control social.
En ese sentido, todo será más difícil para ciudades como Pereira, que tiene que enfrentar una nueva reconstrucción en menos de 30 años, cuando apenas se había recuperado del terremoto de 1999, después de haber sufrido también los efectos del sismo de 1995, como si la naturaleza se ensañara con esta región.
De estos eventos deben quedar, al menos, dos lecciones: que entidades como Planeación hagan un seguimiento más severo a los estándares de construcción antisísmica, aunque esto no sea garantía total; y que el Gobierno nacional, con base en la experiencia vivida, fortalezca los organismos que atienden estas emergencias —hasta ahora, la Unidad de Gestión del Riesgo—, de modo que, si le cambian el nombre, al menos se mantengan sus propósito
